La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 42 bienes del clan Herrera con un avalúo preliminar superior a los $44.900 millones, en un proceso de extinción de dominio que el exnarcotraficante Ramiro Herrera Buitrago reivindica como resultado de su propia colaboración.
El exintegrante de esa organización aseguró haber entregado un listado de cerca de 1.000 propiedades y presuntos testaferros, y pidió al presidente Abelardo de la Espriella que los activos que ingresen legalmente al Estado colombiano se destinen a fines sociales tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
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Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó el embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión de 42 inmuebles y otros activos identificados. Las diligencias alcanzaron propiedades en Cali (Valle del Cauca) y otras ciudades colombianas, con apoyo del Ejército Nacional.
El ente acusador liderado por Luz Adriana Camargo sostuvo que los bienes fueron ocultados, transformados y administrados mediante personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar. Esa red, indicó, buscaba dar apariencia de legalidad a los activos y sustraerlos del control de las autoridades, informó Semana.
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La carta de Ramiro Herrera y la oferta de colaboración al Gobierno nacional
Herrera Buitrago dirigió una carta a De la Espriella para expresar su disposición a colaborar con la identificación de propiedades y de quienes habrían actuado como testaferros. El exnarcotraficante, condenado en Estados Unidos y en Colombia, afirmó que pretende contribuir a la “reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.
En el documento, publicado por el medio citado, pidió que la Presidencia acompañe las acciones estatales para recuperar los activos y planteó que los bienes que ingresen legalmente al patrimonio público puedan destinarse a fines sociales y a la reconstrucción que determine el Estado colombiano.
Herrera propuso que los activos de su listado, si la justicia los incorpora de manera definitiva al Estado mediante extinción de dominio, puedan tener una destinación social.
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La versión del exintegrante del clan Herrera difiere de la explicación institucional sobre el origen de los operativos. Mientras la Fiscalía atribuye las medidas a rastreos patrimoniales y operaciones financieras, Herrera sostiene que la información que entregó será determinante en futuros procesos contra otros bienes.
Los obstáculos para recuperar cerca de 1.000 bienes
El inventario que Herrera dice haber entregado incluye fincas, casas, apartamentos, locales comerciales y sociedades en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Los activos estuvieron vinculados a la estructura dirigida por el fallecido Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, uno de los cabecillas del cartel de Cali.
En su carta, Herrera también aseguró que no tiene vínculos con William Herrera López ni con una nueva generación de sobrinos Herrera respecto de los bienes y hechos incluidos en su colaboración. El exnarcotraficante insistió en que las propiedades fueron adquiridas con dinero del narcotráfico y que su posesión generó una disputa violenta entre grupos delincuenciales.
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Investigadores de extinción de dominio advirtieron que verificar ese universo patrimonial exigirá revisar registros notariales y mercantiles de más de 30 años, además de sociedades que desaparecieron o cambiaron de integrantes. La dificultad aumenta con los bienes ubicados fuera de Colombia y con la necesidad de establecer, caso por caso, si corresponden medidas judiciales.
La ocupación de 42 activos representa apenas una fracción del listado que Herrera dice haber entregado. La recuperación de los demás bienes dependerá de procesos que deberán identificar su origen, sus actuales titulares y su situación jurídica antes de que puedan pasar al patrimonio público.
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