La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia contra Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, por presuntas irregularidades en un contrato de $257.040.000 destinado a divulgar el Acuerdo de Paz mediante caricaturas.
Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y consejero comisionado de paz encargado, pidió determinar si el caricaturista cumplió las obligaciones pactadas y si hubo delitos en la contratación, ejecución, supervisión y pagos.
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La acción penal contempla los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. La denuncia no implica una declaración de responsabilidad de González Quiceno, cuya situación deberá ser establecida por las autoridades judiciales.
El contrato fue celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, y tenía una duración de 12 meses. Su propósito consistía en desarrollar campañas de socialización del Acuerdo de Paz a través de piezas de humor gráfico.
El contrato, los pagos y las obligaciones territoriales
El valor inicial ascendía a $257.040.000, incluidos $3.420.000 mensuales por concepto de IVA, para un total de $41.040.000 durante toda la ejecución. Los pagos mensuales previstos eran de $21.420.000.
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Posteriormente, las partes suscribieron una modificación que redujo el valor a $216 millones y fijó desembolsos mensuales de $18 millones. La corrección se produjo dos meses después de iniciada la ejecución, de acuerdo con la denuncia revelada por Semana.
Uno de los cuestionamientos se refiere a que el contrato identificó al beneficiario como Julio César Rodríguez Quiceno, mientras que el resto de la documentación y el Registro Único Tributario consignan el nombre de Julio César González Quiceno. Para Ríos Puerta, esa diferencia exige examinar si la justificación para la selección directa fue elaborada de manera individualizada y rigurosa.
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La denuncia también cuestiona el tratamiento tributario aplicado. El RUT de González Quiceno, actualizado el 31 de enero de 2024, lo registraba como no responsable de IVA, pese a que el contrato incluyó ese impuesto dentro de su valor inicial.
“El error en el apellido o identificación de la persona, en el apartado que debía demostrar las cualidades únicas de la persona contratada, es un indicio que justifica examinar si la justificación fue elaborada de manera individualizada y rigurosa”, señala el escrito.
Las obligaciones contemplaban talleres en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. También incluían el acompañamiento a actividades de pedagogía de paz y la participación en exhibiciones públicas de las caricaturas.
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Sin embargo, el contrato fijó Bogotá como único lugar de ejecución. La modificación posterior reconoció que la cláusula correspondiente no contemplaba los desplazamientos requeridos para las actividades en los territorios.
Los soportes de ejecución bajo revisión
La revisión de los informes correspondientes a 12 períodos contractuales detectó posibles inconsistencias entre las fechas de facturación, los cobros, las actividades reportadas y los productos entregados. Noticias RCN informó que la Fiscalía deberá establecer si existió correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados.
La denuncia advierte sobre soportes fechados después de los cortes de cobro, evidencia repetida en distintas mensualidades y falta de documentos diferenciados para algunas obligaciones. También plantea dudas sobre la existencia de métricas o registros de seguimiento en redes sociales que permitan verificar la difusión de las campañas y evaluar su impacto.
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Así mismo, Gloria Cuartas, que figuraba como supervisora del contrato, también fue mencionada en la solicitud de investigación. El denunciante pidió establecer si cumplió con las revisiones exigidas sobre los informes de ejecución y los pagos.
“Estos hechos plantean interrogantes concretos sobre la correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados”, sostiene la denuncia. El mismo documento aclara que una irregularidad administrativa o un eventual incumplimiento contractual no constituyen, por sí solos, prueba de un delito.
La investigación deberá definir la intervención de cada una de las personas involucradas, así como la posible omisión de verificaciones, aprobaciones y soportes económicos requeridos para la contratación directa.
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