Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, asesinado en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia, presentó un memorial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que solicitó medidas relacionadas con la responsabilidad de antiguos integrantes del M-19 y del general retirado Iván Ramírez Quintero por los acontecimientos ocurridos en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El documento, fechado el 13 de octubre de 2026, está dirigido a las subsalas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas que conocen los casos 06 y 08.
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La solicitud busca que las actuaciones relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia contemplen tanto las consecuencias de las acciones atribuidas a integrantes de la fuerza pública como el reconocimiento de responsabilidad de antiguos miembros de la guerrilla que participó en la toma del edificio.
Las dos solicitudes presentadas ante la JEP
La primera petición está relacionada con las condecoraciones que recibió el general retirado Iván Ramírez Quintero. Urán solicitó que le sean retiradas las distinciones otorgadas por el Estado colombiano, en el contexto de los antecedentes judiciales que menciona en el memorial.
Uno de los principales antecedentes expuestos por Urán corresponde a la decisión adoptada el 3 de agosto de 2022 por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Mediante el Auto TP-SA 1195 de 2022, esa instancia revocó una resolución anterior y rechazó el sometimiento de Ramírez Quintero a la JEP en las condiciones examinadas.
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La decisión se relacionó con los presuntos delitos cometidos durante la retoma militar del Palacio de Justicia, en particular con un proceso penal por desaparición forzada agravada y una investigación por tortura agravada.
En el fragmento de la providencia reproducido en el memorial, la Sección de Apelación resolvió: “No aceptar el sometimiento, en las condiciones actuales, en la JEP del señor Iván Ramírez Quintero por los presuntos delitos cometidos con ocasión de la llamada ‘retoma’ militar del Palacio de Justicia, acaecida el 6 y 7 de noviembre de 1985”.
El texto judicial citado también menciona los procesos identificados con los radicados 2009-350, correspondiente al caso por desaparición forzada agravada, y 13744, relacionado con la investigación por tortura agravada. La decisión señaló como fundamento los incumplimientos sistemáticos de los requerimientos efectuados por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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Los derechos de las víctimas como fundamento
La segunda solicitud está dirigida a los antiguos integrantes del M-19 que tuvieron responsabilidades de mayor nivel dentro de esa organización armada. La petición consiste en que quienes continúan vivos participen en un acto colectivo y público en el que reconozcan su responsabilidad por los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia y presenten disculpas a las víctimas.
En el documento, Urán identifica como fundamento de sus solicitudes los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.
Para sustentar su petición, la hija del magistrado también citó apartes de decisiones judiciales relacionadas con las competencias de la JEP y la necesidad de esclarecer las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado.
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Además, hizo referencia a la importancia de que los distintos mecanismos de justicia transicional actúen de manera coordinada para garantizar los derechos de las víctimas, sin establecer una jerarquía entre ellos que limite su protección.
En el memorial, Urán pidió expresamente la “realización de acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas de manera colectiva, por parte de exintegrantes de rango jerárquico alto, aun vivos, del M-19”.
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