En tres años, se registraron 163 ataques contra escuelas en Colombia, según alerta de Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que 163 ataques y usos militares de escuelas fueron verificados en Colombia entre julio de 2023 y julio de 2026. Los hechos afectaron a cerca de 21.700 niños, niñas y adolescentes y reflejan una tendencia al alza que la organización identifica desde 2019.

De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, el organismo internacional contabilizó 70 ataques contra escuelas en ese periodo. El registro incluye daños en 31 instituciones educativas, 24 amenazas contra maestros y 11 ataques contra docentes.

Cauca, con 35 hechos; Arauca, con 27; y Norte de Santander, con 17, encabezaron la lista de departamentos con más casos. También se documentaron incidentes en Chocó, Antioquia, Nariño, Putumayo, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés.

La entidad registró además 92 hechos de uso militar de establecimientos educativos, con mayor concentración en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Según Unicef, los grupos armados han empleado escuelas como cuarteles, depósitos de armas y puestos de mando, así como para actividades de propaganda y reclutamiento.

La organización advirtió que los planteles educativos son bienes civiles protegidos por el derecho nacional e internacional. Por ello, pidió a los actores del conflicto que cesen las violaciones contra la niñez y solicitó a las autoridades adoptar medidas concretas en los territorios con presencia de grupos armados.

Julien Hayois, especialista de Protección de Unicef Colombia, explicó que la categoría de ataques contra escuelas comprende las afectaciones a la infraestructura, las amenazas o agresiones contra docentes y estudiantes, además de la ocupación de los planteles por las partes en conflicto.

El representante del organismo internacional, en diálogo con El Tiempo, señaló que el impacto persiste después de cada incidente. “Hay un incidente grave que pone en riesgo la vida de los estudiantes y de los docentes, pero no se acaba el impacto con el incidente, sino que tiene un efecto a más largo plazo”, afirmó al diario citado.

Así mismo, Hayois recalcó que la violencia limita el acceso a las clases y puede aumentar el riesgo de reclutamiento o utilización de menores por grupos armados. También advirtió sobre el uso de drones con artefactos explosivos improvisados cerca de comunidades y colegios, una situación que, dijo, genera temor y afecta la salud mental de estudiantes y familias.

Como medidas de protección, planteó identificar de forma visible las escuelas para que sean reconocidas como bienes civiles, reforzar la prevención frente a minas y explosivos en los caminos de acceso y establecer distancias prudentes entre los planteles, estaciones de Policía y bases militares. También recordó que el plan nacional para aplicar la Declaración sobre Escuelas Seguras, suscrita por Colombia en 2022, tiene vigencia hasta finales de este año y requiere actualización o reformulación.

El plan estatal contempla nueve acciones hasta 2026

El contexto de las cifras coincide con la vigencia del Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras 2022-2026, presentado por el Ministerio de Educación en diciembre de 2023. El documento se elaboró después de que Colombia se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras el 18 de noviembre de 2022, un compromiso político para proteger a estudiantes, docentes e instituciones educativas en contextos de conflicto armado.

El plan prevé nueve líneas de acción, entre ellas identificar los planteles afectados o en riesgo, capacitar a las comunidades educativas para prevenir y responder a amenazas, reforzar la infraestructura, promover educación frente al peligro de minas antipersonal y establecer directrices para evitar el uso militar de escuelas. También contempla mecanismos de denuncia, seguimiento e investigación, así como asistencia a las víctimas de ataques.

La hoja de ruta establece reuniones de seguimiento al menos dos veces por año y plantea incorporar las directrices de protección de escuelas en los marcos operativos de las instituciones responsables. Su periodo de aplicación concluye en 2026, según el Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras de la Cancillería. El Ministerio de Educación informó que el plan fue construido con participación de 22 entidades estatales y organizaciones humanitarias.

Reacción en el Senado

El informe de Unicef Colombia generó reacciones en la clase política colombiana. Uno de ellos fue el presidente del Senado Honorio Henríquez, quien se refirió al informe de Unicef en la red social X y rechazó los casos documentados contra instituciones educativas.

“Las armas no pueden seguir arrebatándoles a nuestros niños el derecho a aprender. Rechazo los 163 ataques contra escuelas en Colombia durante los últimos tres años, reportados por @UNICEFColombia. Las escuelas deben ser territorios de aprendizaje, no escenarios de guerra. Proteger a nuestros niños es defender el futuro de Colombia”, expresó el congresista del Centro Democrático en la red social.