La Procuraduría General de la Nación destituyó a Jorge Daniel Montenegro Torres, auxiliar administrativo de la división de Bibliotecas de la Universidad Nacional, sede Bogotá, por conductas de maltrato laboral. También lo inhabilitó durante 10 años para ejercer funciones en el sector público, según un fallo de primera instancia.
“La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por diez años al auxiliar administrativo de la División de Bibliotecas en la Universidad Nacional Jorge Daniel Montenegro Torres por conductas que constituyen maltrato laboral”, puntualiza el comunicado oficial del Ministerio Público.
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Cabe recordar que Montenegro Torres envió correos electrónicos con acusaciones injuriosas y ultrajantes a varios usuarios, además de dirigir insultos y expresiones irrespetuosas contra una funcionaria de la institución educativa.
Frente a ese tipo de comportamientos, el organismo señaló que el Código Disciplinario nacional establece que los servidores públicos deben tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que se relacionan por razón del servicio, incluidos sus compañeros de trabajo. La norma también prohíbe ejercer violencia contra superiores, subalternos o colegas, así como injuriarlos, calumniarlos o amenazarlos.
“En fallo de primera instancia, la autoridad disciplinaria verificó que el disciplinado realizó acusaciones con expresiones injuriosas y ultrajantes a través de correos electrónicos dirigido a varios usuarios, contra una funcionaria de la institución educativa, en los que también se incluían comentarios insultantes e irrespetuosos”, expuso.
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El fallo concluyó que incurrió en violencia de género, injuria y calumnia, conductas que afectaron el buen nombre y la dignidad de la mujer.
“El Ministerio Público confirmó que el servidor público llevó a cabo conductas constituidas como violencia de género, injuria y calumnia; que, además, es considerada como afrenta al buen nombre y a la dignidad de la mujer. Debido a lo anterior, el ente de control calificó la falta de Montenegro Torres como gravísima, a título de dolo”, señaló la entidad.
Procuraduría investiga a 20 docentes de planta de Universidad de Sucre por presuntas irregularidades en sueldos millonarios
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por el reconocimiento y pago de puntos salariales a docentes de la Universidad de Sucre (Unisucre), luego de que 20 profesores de planta registraran aumentos que llevaron sus ingresos mensuales de entre $12.000.000 y $13.000.000 a montos de hasta $90.000.000.
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La indagación abarca actuaciones realizadas entre 2023 y 2025 en la institución de educación superior, informó el rector, Jhonny Avendaño, quien también quedó vinculado al proceso. El órgano de control deberá determinar si hubo anomalías en las etapas de solicitud, recomendación, autorización y pago de los incentivos por productividad académica.
El régimen salarial de los docentes de las universidades públicas está regulado por el Decreto 1279 de 2002. La norma contempla, entre otros factores, la formación, el escalafón, la experiencia y la producción académica, que puede traducirse en puntos con impacto permanente en la remuneración.
Veinte docentes recibieron aumentos hasta llegar a $90 millones mensuales
Los cuestionamientos se concentran en las publicaciones académicas presentadas para obtener los puntos. De acuerdo con la información expuesta por la institución, 20 profesores de planta pasaron de recibir entre $12.000.000 y $13.000.000 a salarios de $ 35.000.000, con posteriores incrementos que, en algunos casos, alcanzaron $ 45.000.000, $ 80.000.000 y $90.000.000 al mes.
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Jhonny Avendaño, rector de la universidad, señaló que la entidad tiene el deber de revisar la validez de los documentos que sustentan los reconocimientos. “La revisión de su calidad, autenticidad y cumplimiento de requisitos constituye una responsabilidad académica, administrativa y financiera de la Universidad”, afirmó.
Antes de la llegada de la actual administración, Unisucre había comenzado una auditoría sobre las publicaciones que respaldaban los puntos salariales. El caso fue evaluado por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes y luego llegó a la Unidad de Control Interno Disciplinario.
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