Abogados de exmilitares colombianos acusados por el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse revelaron qué ayuda recibirán del Gobierno De la Espriella

Los representantes legales de los exmilitares colombianos procesados en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse aclararon que no han recibido ofrecimientos de financiación para cubrir los honorarios profesionales ni los costos de su defensa. Así lo señalaron en una notificación conjunta presentada ante un tribunal federal de Florida, en la que precisaron el alcance de recientes conversaciones sostenidas con representantes del Gobierno colombiano.

El documento judicial, identificado con el número 2134 dentro del expediente 22-CR-20104, fue presentado el 13 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La notificación responde a una orden del despacho judicial que solicitó información sobre las condiciones de asistencia económica relacionadas con los acusados.

En el segundo apartado de la notificación, los abogados fueron explícitos sobre la financiación de la defensa: “No se solicitó ni se ofreció asistencia financiera para el pago de honorarios legales, y no se proporcionará ninguna”. Además, señalaron que ninguna persona o entidad ha asumido el compromiso de cubrir esos gastos.

El mismo apartado establece que “ni el Gobierno de Colombia ni ninguna otra persona o entidad se ha comprometido a pagar los honorarios de los abogados o los costos de la defensa de ninguno de los acusados, ni a financiar un anticipo de honorarios profesionales en nombre de alguno de ellos”.

El documento precisa qué tipo de ayuda se discutió

En el tercer apartado de la notificación, los representantes legales explicaron que el apoyo mencionado durante las conversaciones con funcionarios colombianos se limita a dos aspectos: la asistencia a las familias de los acusados en Colombia y una gestión de la embajada colombiana para depositar dinero en las cuentas de economato de los detenidos.

No obstante, los abogados también aclararon que no existe un compromiso sobre el monto ni sobre la fecha en que se realizarían esos depósitos. En concreto, el escrito indica: “No se ha prometido ninguna suma de dinero ni se ha establecido una fecha para efectuar dichos depósitos”.

Las cuentas de economato permiten a las personas recluidas adquirir productos autorizados dentro del establecimiento penitenciario. Por lo tanto, la gestión mencionada en la notificación corresponde a una eventual ayuda para los detenidos y no constituye, según lo consignado en el documento, un compromiso para pagar los honorarios de sus abogados.

La notificación también se refiere a la posibilidad de que los exmilitares cuenten con abogados contratados de manera privada. Sobre este punto, el cuarto apartado señala que los firmantes no han recibido información que indique que profesionales particulares vayan a comparecer formalmente para representar a alguno de los acusados.

En consecuencia, el documento precisa que los abogados designados por el tribunal continúan siendo los representantes legales oficialmente registrados de sus respectivos clientes y que se encuentran preparando el juicio. El documento fue firmado por Juan J. Michelen, abogado de la firma Stumphauzer Kolaya & Sloman, PLLC.

La promesa de Abelardo de la Espriella y el requerimiento de la jueza

El 6 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo pública su instrucción para que los ministerios de Defensa y Justicia brindaran asistencia jurídica a los colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, Haití.

“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

De la Espriella también manifestó que buscaba esclarecer la responsabilidad individual de cada procesado y afirmó: “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”.

En otro mensaje, el presidente sostuvo: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

Tras la intervención del Gobierno colombiano, la jueza Jacqueline Becerra, encargada del caso en el Distrito Sur de Florida, solicitó información sobre la existencia de apoyo financiero para los acusados. El plazo fijado para que los procesados y sus defensas informaran sobre esa situación vence el lunes 19 de octubre de 2026.

Los colombianos procesados fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos el 20 de septiembre de 2026, con autorización del Ministerio de Justicia haitiano, para comparecer ante la justicia. La investigación aborda la presunta planificación, financiación y ejecución del ataque que acabó con la vida de Jovenel Moïse.

El expresidente haitiano fue asesinado a tiros en su residencia privada en Puerto Príncipe durante la madrugada del 7 de julio de 2021. Su esposa, Martine Moïse, sobrevivió al ataque con heridas graves.

Los exmilitares colombianos habían sido declarados en estado de indigencia por la justicia de Miami, lo que significa que no contaban con recursos suficientes para contratar abogados particulares y, por esa razón, recibieron inicialmente la representación legal mediante el sistema de asistencia judicial estadounidense.