El Gobierno de los Estados Unidos confirmó la captura de Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano señalado como socio de Alex Saab, quien enfrentará en Estados Unidos dos procesos federales por presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Pulido estaba detenido en Venezuela desde marzo de 2023 por el desfalco a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), por lo que fue trasladado a una corte de Florida donde deberá comparecer por su vinculación con operaciones financieras y contratos de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como Clap. La reactivación de las causas coincidió con el expediente abierto contra Saab.
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Tras la detención del empresario colombiano, varios dirigentes políticos han reaccionado al respecto. En su mayoría, resaltaron la labor de las autoridades estadounidenses para dar con el paradero de Pulido. Incluso, hubo otros que enfatizaron en que se podrían sumar otros personajes allegados al régimen venezolano para que respondan ante la justicia norteamericana.
Uno de ellos fue el congresista Carlos Giménez, del Partido Republicano, en la que manifestó que, tras la captura de Álvaro Pulido, el siguiente que debería estar tras el radar de las autoridades estadounidenses es Diosdado Cabello, considerado como uno de los máximos líderes de la dictadura del país sudamericano.
En una publicación en su cuenta de X, el representante sostuvo que el ministro venezolano se podría unir a la lista selecta de funcionarios del régimen que tendría que comparecer ante la justicia, sumándose a Nicolás Maduro, Alex Saab y Álvaro Pulido.
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“Diosdado tendrá que enfrentar la justicia y pronto”, escribió Giménez en redes sociales junto a una imagen de Cabello en blanco y negro y con una cinta roja sobre la boca. El legislador también afirmó que “todos estos criminales, narcoterroristas, han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar”.
Vale mencionar que la administración de Donald Trump mantiene una recompensa de USD 25 millones por información que conduzca a la captura de Cabello.
Investigación contra Álvaro Pulido
Álvaro Pulido Vargas, que también cuenta con el nombre de Germán Enrique Rubio Salas, figura entre los principales socios de Alex Saab, empresario colombiano vinculado a investigaciones por presunta corrupción y lavado de dinero en Venezuela. Las autoridades estadounidenses y venezolanas relacionan a ambos con contratos estatales para importar y distribuir alimentos de la canasta básica.
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Desde 2016, empresas vinculadas con los dos empresarios habrían obtenido contratos exclusivos para esas operaciones. Las acusaciones incluyen presuntos pagos ilícitos a funcionarios venezolanos y mecanismos destinados a ocultar el origen de los movimientos financieros.
Otro eje de la investigación se concentra en el Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido como Clap. Las autoridades estadounidenses indagan si irregularidades en contratos de suministro permitieron desviar recursos previstos para atender a sectores vulnerables.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el Departamento de Justicia investigan el presunto empleo de empresas fachada, facturas ficticias y documentos adulterados para facilitar operaciones con alimentos importados desde Colombia y México. También analizan el traslado de fondos hacia cuentas bancarias estadounidenses.
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Las pesquisas sobre los negocios de Pulido y Saab comenzaron en 2013, cuando la DEA inició el seguimiento de sus operaciones. Entre los contratos bajo revisión figura uno con Suvinca por 20 millones de dólares para entregar materiales destinados a un polideportivo en el estado venezolano de Vargas.
La Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Pulido Vargas en octubre de 2021 por conspiración para cometer lavado de dinero. En abril de 2023 fue detenido en Caracas durante la operación anticorrupción Pdvsa-Cripto.
El caso coincide con investigaciones por corrupción en el sector petrolero venezolano que alcanzan a Tareck El Aissami, exministro de Petróleo. La Fiscalía venezolana lo señaló por presuntamente integrar una red que comercializaba crudo de Petróleos de Venezuela mediante intermediarios privados sin registrar los pagos correspondientes en las arcas estatales.
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Por esos hechos, la Fiscalía le formuló cargos por corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.
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