Presupuesto del 2027 del gobierno de Abelardo de la Espriella entra en su recta final en el Congreso: esta es la ponencia que pide casi $635 billones

Con 93 artículos, tres de ellos nuevos, fue presentada la ponencia del Presupuesto General de la Nación para el año 2027 para los debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, cuyo valor asciende a los 634,9 billones de pesos, previamente aprobado en primer debate en las Comisiones Económicas conjuntas.

El monto global se mantiene sin cambios y equivale al 29,9% del producto interno bruto. La ponencia fue ajustada por los congresistas ponentes en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

La modificación concentra tres movimientos: menos recursos para las obligaciones financieras del Estado, una mayor bolsa para proyectos de inversión y un incremento acotado en los gastos de funcionamiento, además de incorporar medidas sobre peajes, atención de desastres y austeridad estatal.

Christian Garcés, congresista del Centro Democrático y coordinador ponente del proyecto afirmó, en diálogo con Blu Radio, que existe un consenso mayoritario en el Congreso para su aprobación y posteriormente sanción por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Los congresistas, en su mayoría, somos conscientes de la grave situación fiscal que tiene la nación. Este gobierno no metió en el presupuesto reformas tributarias que no se han aprobado, inflando entonces los ingresos, como se hizo en el pasado (...) Es un presupuesto que esperamos que hacia adelante Colombia vaya transformando, bajando los gastos de funcionamiento y saliendo de la deuda”, explicó inicialmente el legislador al citado medio de comunicación.

Distribución del monto presupuestal

De acuerdo con el texto presentado ante el Congreso, de los 634 billones de pesos de monto total, $393,2 billones se asignan a gastos de funcionamiento, $147,1 billones al pago del servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión. En la ponencia del primer debate, la deuda contaba con $155 billones y la inversión con $86,9 billones, respectivamente.

En el caso de la deuda, la nueva distribución reduce el servicio en $8,4 billones, de acuerdo con el representante oficialista, desde $155,4 billones aprobados en el primer debate hasta $147,1 billones. El rubro pasa de representar el 24,5% del Presupuesto General de la Nación a una proporción menor dentro de la estructura fiscal.

La reducción responde a una actualización de las proyecciones financieras y a las condiciones previstas para realizar operaciones de manejo de deuda y reperfilar los vencimientos de títulos en el mercado de capitales. Los ponentes sostuvieron que el ajuste reduce la rigidez presupuestaria sin afectar el cumplimiento de los compromisos crediticios de la Nación.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la capacidad de endeudamiento de la Nación llegó a un límite. “La austeridad no es una opción: es la única opción que tenemos”, sostuvo en declaraciones citadas por los medios de comunicación.

Por su parte, los gastos de funcionamiento aumentarán $617.000 millones, al pasar de $392,63 billones a $393,25 billones. Las transferencias de origen constitucional y legal, entre ellas las pensiones, la salud y el Sistema General de Participaciones, explican el 75,8% de ese gasto corriente.

La ponencia mantiene las directrices del programa obligatorio de austeridad para recortar erogaciones no esenciales en publicidad, viáticos, viajes y contratos de prestación de servicios. El presupuesto neto de la Nación, sin incluir el servicio de la deuda, ascenderá a $487,88 billones.

Entre tanto, la inversión pública quedó situada alrededor de $87 billones. El Gobierno sostiene que el reconocimiento de todas las obligaciones financieras permite construir una base presupuestal más ajustada a las necesidades reales de financiación.

La presión también se observa en el flujo mensual de recursos: la Nación recibe en promedio $29 billones por ingresos corrientes, mientras sus obligaciones de pago ascienden a cerca de $40 billones. La diferencia, cercana a $11 billones, se ha cubierto con endeudamiento de corto plazo a tasas elevadas.

Adición a entidades y sectores

También garantiza $3 billones para subsidios de energía y gas, y reserva $3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para recursos destinados a terremotos, otros desastres y prioridades adicionales.

En cuanto a los montos destinados para la reconstrucción por el terremoto del 10 de agosto, el congresista Christian Garcés afirmó que aún no están garantizados.

“En este momento, para reconstrucción se logra que, de esta disminución que hubo de servicio a la deuda, $3,9 billones queden destinados a desastres como El Niño, a reconstrucción del terremoto y otras prioridades menores”, indicó el parlamentario a Blu Radio.

La reorganización interna de las partidas comenzó después de la aprobación del monto global del presupuesto, una práctica habitual en la que los parlamentarios suelen solicitar más recursos para sectores específicos. En esta oportunidad, el subsistema de salud de la Policía recibió una adición de $31 mil millones.

Los organismos de control obtendrán $310.000 millones adicionales. La Registraduría contará con otros $200.000 millones, que deberán dirigirse al Consejo Nacional Electoral y a inversiones en el sistema nacional de identificación. Así mismo, se muestra que el Congreso de la República tendrá 100.000 millones de pesos adicionales.

De otro lado, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación tendrán una disminución en el presupuesto aprobado en primer debate, pasando de $2. 324 y $1.182 millones a $2.312 y $1.151 millones, respectivamente.

Artículos nuevos

Uno de los tres artículos incorporados establece que los recursos cobrados en peajes de la red vial nacional no concesionada deberán invertirse, en primer lugar, en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la misma vía donde se recauden. La medida quedará a cargo del Invías.

De acuerdo con la ponencia, citada por Semana, cuando la carretera cumpla los estándares técnicos requeridos, los recursos remanentes podrán destinarse a otras vías de la red nacional no concesionada ubicadas en el departamento donde se originaron los ingresos. El cambio vincula el uso de los peajes con las necesidades de infraestructura vial de cada región.

Otro artículo ordena incluir en el presupuesto del Ministerio de Hacienda una apropiación para gastos de control del orden público, prevención y atención de desastres. Esa partida también podrá financiar programas y proyectos de inversión inscritos en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, sin modificar su destinación ni su cuantía.

La tercera incorporación propone un programa de austeridad y eficiencia para todas las entidades del Presupuesto General. Las instituciones deberán buscar ahorros con los recursos ya asignados y priorizar la reducción de gastos en órdenes de prestación de servicios, contratos de trabajadores en misión, viáticos, eventos, publicidad, viajes y otras erogaciones no esenciales.

El plazo máximo para que el legislativo apruebe el Presupuesto General de la Nación para el año entrante será el 20 de octubre.