La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo advertencias relacionadas con el Decreto 1525, expedido el 13 de octubre de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El documento modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas.
De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, el decreto no establece garantías explícitas para garantizar la protección de la prensa durante el cubrimiento periodístico de las marchas. “La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo”, precisó la Flip.
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Según advirtió, los procedimientos de las autoridades pueden constituir un mayor riesgo para la prensa: los periodistas pueden ser apartados de los lugares donde ocurren los hechos, impedidos de grabar o afectados por el uso de la fuerza por parte de los uniformados.
“La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos”, añadió.
La Flip recordó hechos que se presentaron en 2021, cuando en Colombia se vivió el estallido social. Afirmó que esa experiencia expone la dimensión del riesgo que corren quienes ejercen el periodismo en las manifestaciones, teniendo en cuenta que, para entonces, la organización documentó 263 agresiones contra la prensa, de las cuales 239 ocurrieron mientras periodistas cubrían asuntos vinculados con las marchas entre abril y diciembre, lo que representó el 90,9% del total de hechos registrados.
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De igual manera, hubo 36 obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas, según detalló la Flip en el comunicado. También se registraron ataques mediante gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores y en algunos casos se impidió a los comunicadores registrar los procedimientos de la Policía.
De acuerdo con la organización, lo ocurrido durante el estallido social demuestra que es necesario tomar medidas específicas para prevenir ataques contra periodistas, incluso cuando puedan provenir de la fuerza pública. Sin embargo, el decreto del Gobierno se queda corto en eso porque, según la organización, aunque el documento regula el uso de la fuerza, no aborda los riesgos que esa intervención puede generar para la prensa.
“La experiencia del estallido social de 2021 no puede ignorarse. El uso de la fuerza por parte del Estado exige mayores garantías de transparencia y rendición de cuentas. Impedir que la prensa documente esas actuaciones debilita los mecanismos democráticos para identificar abusos y exigir responsabilidades”, precisó.
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La cartilla de la Flip sobre el derecho a cubrir las protestas
La fundación recordó que, junto con la Policía Nacional y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (Dcaf), elaboró una cartilla destinada a fortalecer la relación entre los uniformados y la prensa.
El documento establece que debe respetarse el derecho a grabar procedimientos de las autoridades, identificarse a los agentes y habilitarse canales de comunicación para prevenir y atender agresiones. De igual manera, reconoce que ningún periodista está obligado a portar una acreditación para ejercer su labor.
“Estas garantías son especialmente importantes en contextos de manifestación y uso de la fuerza”, detalló.
En ese sentido, la organización solicitó que los estándares que figuran en la cartilla sean incorporados a los protocolos de actuación de las autoridades. Además, aclaró que su aplicación no debe depender de la interpretación individual de cada uniformado.
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Pidió entonces al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que la reglamentación y aplicación del cuestionado decreto contenga garantías expresas y obligatorias para prevenir agresiones, restricciones arbitrarias y obstrucciones al trabajo de la prensa. “Ningún operativo policial puede convertirse en una zona libre de escrutinio periodístico”, añadió.
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