Gobierno De la Espriella dio más detalles sobre la ley con la que busca rescatar la economía: “Estamos comprometidos con cerrar el grifo del derroche”

El gobierno de Abelardo de la Espriella llevará al Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico con el que buscará cuadrar las finanzas de la Nación. Lo hará en los próximos días o semanas como parte de la estrategia para estabilizar la deuda pública y aliviar las presiones sobre las finanzas estatales.

El anuncio lo hizo el viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, Juan Sebastián Betancur, durante debate de control político al Banco de la República en la Comisión Tercera del Senado de la República.

La iniciativa es un proyecto legislativo que el Gobierno nacional plantea como instrumento para contener el crecimiento del endeudamiento estatal. Según el funcionario, la propuesta se integrará a un ajuste que contempla exponer todas las obligaciones presupuestales, reducir el gasto durante 2026 y buscar una trayectoria más prudente para la deuda pública.

Al respecto, dijo que la propuesta se encuentra en la fase final de conversaciones antes de su radicación ante el Congreso de la República. “La ley de rescate económico es un instrumento fundamental como proceso de estabilización del endeudamiento del país. Estamos en conversaciones finales y la idea es presentar eso ante el Honorable Congreso de la República en los próximos días o semanas”, afirmó.

Hasta ahora, el Gobierno no divulgó el articulado ni las medidas que contendría la ley, tampoco su impacto fiscal previsto o los mecanismos concretos con los que pretende estabilizar la deuda. Betancur tampoco precisó el monto del recorte de gasto anunciado para 2026.

Desequilibrio fiscal y ley de rescate económico

Betancur situó la iniciativa dentro de un diagnóstico de desequilibrio entre los ingresos públicos y las obligaciones estatales. “Estamos comprometidos con cerrar el grifo del derroche, de la corrupción y del gasto desbordado”, afirmó al describir la posición del Gobierno sobre el manejo de las cuentas fiscales. Sostuvo que el gasto nacional excede cada mes los recursos que recauda el Estado en alrededor de $11 billones.

“Hoy en día, cada mes, Colombia tiene un gasto que supera alrededor de $11 billones los ingresos que nosotros generamos”, dijo durante su intervención.

Según el viceministro, esa diferencia aumenta las necesidades de financiamiento y mantiene la deuda pública en niveles históricamente altos. “Tenemos que lograr que ese grifo que sigue muy abierto lo cerremos, que la tina no se nos desborde de deuda y que podamos tener una estabilidad para más adelante lograr que la deuda baje a niveles más prudentes”, señaló.

Transparencia presupuestal y recorte del gasto en 2026

La primera fase de la estrategia, según el funcionario, consistirá en reflejar íntegramente los compromisos del Estado en las proyecciones fiscales y en el Presupuesto General de la Nación para 2027. Descartó que se puedan exhibir reducciones del gasto a costa de dejar sin recursos obligaciones ya fijadas por la ley.

“No es política fiscal responsable esconder gastos. Yo no puedo decir que voy a reducir el gasto porque estoy desfinanciando la salud o porque estoy desfinanciando las pensiones o porque estoy desfinanciando los salarios públicos. Las normas que ya existen en Colombia hay que honrarlas”, anotó.

Para él, las obligaciones vinculadas con salud, pensiones y remuneraciones del sector público deben figurar de manera completa en las cuentas estatales. “Lo que hay que poner es todo encima del tapete y ese es el primer acto y es el primer capítulo de nuestra estrategia”, agregó.

La segunda etapa prevé una reducción de las erogaciones públicas durante 2026, seguida del avance legislativo de la ley de rescate económico. Betancur no detalló cuánto pretende recortar el Gobierno ni explicó cómo se distribuiría ese ajuste entre las distintas partidas presupuestales.

Inflación, inversión y coordinación con el Banco de la República

El Ministerio de Hacienda también observa con preocupación la evolución de la inflación, cuyo último dato, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), fue de 6,29% anual en septiembre de 2026. Juan Sebastián Betancur anticipó que la variación de precios aumentará durante el resto de 2026 y que el indicador cerraría el año cerca de 7%.

“Nuestra perspectiva es que va a seguir incrementándose en lo que resta del 2026. Cerrarían algo parecido a 7% al final de este año”, afirmó el viceministro. Añadió que el escenario enfrenta riesgos por el terremoto al que aludió durante el debate y por el fenómeno de El Niño, aunque no cuantificó los efectos que esos factores podrían tener sobre los precios. Betancur atribuyó a la política fiscal una incidencia relevante en la inflación, especialmente si el gasto impulsa la demanda por encima de la capacidad productiva de la economía.

“La política fiscal influye de manera importante en la dinámica de la inflación y ha influido de manera muy significativa en los últimos años en su trayectoria”, manifestó.

Para explicar esa relación, planteó el caso de un bien escaso frente a numerosos compradores. “Cuando solo hay una Coca-Cola en el desierto y todos queremos la misma Coca-Cola, pues los precios de esa Coca-Cola van a tender a subir”, afirmó.

Recursos para financiar proyectos

Puntualizó que una política fiscal expansiva, según su planteamiento, puede competir con las empresas por los recursos disponibles para financiar proyectos y elevar las tasas de interés. Aunque calificó el comportamiento económico como relativamente aceptable frente al entorno regional, advirtió que el crecimiento mantiene un peso elevado del consumo y una participación reducida de la inversión.

“La inversión está en el mínimo nivel desde 1975 cuando se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)”, aseguró Betancur. La afirmación formó parte de su argumento sobre los efectos que atribuye al aumento del gasto público sobre las condiciones financieras y las decisiones de inversión privada.

Por último, pidió que la política fiscal avance de forma compatible con las decisiones del Banco de la República. “La coordinación institucional es absolutamente vital, entre otras cosas porque mejora la capacidad del poder con el que la política monetaria actúa y, por lo tanto, es necesario que la política fiscal y la política monetaria estén direccionadas en el mismo sentido”, afirmó.