El decreto para regular la protesta social en Colombia se estrenará el 14 de octubre, confirmó el ministro del Interior: “Estamos perfectamente preparados”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el Gobierno nacional pondrá en marcha el miércoles 14 de octubre de 2026 el nuevo decreto que reforma y regula la protesta social en Colombia.

El anuncio se produjo tras un consejo de seguridad liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional en Bogotá, donde el gabinete de Defensa y la cúpula militar evaluaron las medidas de orden público para la jornada de movilizaciones convocada por sectores de la oposición.

A la salida de la reunión oficial, el jefe de la cartera del Interior explicó a los medios de comunicación que la normativa ya se encuentra lista para su expedición y entrada en vigencia, coincidiendo con la primera gran manifestación nacional contra la actual administración.

“Ya está listo para mañana. Es un decreto garantista y democrático. Obviamente, el suroccidente es una zona de especial atención por el historial de bloqueos. El presidente ha sido claro: se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos. Ahí estamos perfectamente preparados”, declaró el ministro Lara Restrepo.

El funcionario precisó que los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño contarán con un monitoreo especial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, con el objetivo de evitar el cierre de corredores estratégicos como la Vía Panamericana.

Los puntos centrales de la regulación del Ejecutivo

La nueva reglamentación busca fijar los límites normativos entre el ejercicio de la manifestación pacífica y la comisión de conductas delictivas durante las jornadas de marcha en el territorio nacional.

Según lo expuesto por la Casa de Nariño, el texto prohíbe de manera explícita el uso de bloqueos permanentes en carreteras, la afectación a los sistemas de transporte masivo, la retención de ciudadanos y la utilización de menores de edad en las marchas.

De igual manera, la directriz gubernamental establece que la fuerza pública no intervendrá en concentraciones que transcurran sin violencia, manteniendo el diálogo institucional con los organizadores y las autoridades locales como primera vía de atención.

“Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien hace terrorismo urbano”, sostuvo el presidente De la Espriella al defender los alcances del instrumento normativo en su alocución presidencial del 12 de octubre.

Convocatoria de manifestaciones nacionales en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

La iniciativa de regular las manifestaciones llega con la convocatoria de marchas en todo el territorio nacional realizada por el Pacto Histórico —que lidera el expresidente Gustavo Petro— y centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Entre los participantes confirmados para las concentraciones en Bogotá figuran el propio expresidente y el senador Iván Cepeda, mientras que otras organizaciones del sector sindical, como la Confederación General del Trabajo (CGT), anunciaron que no se sumarán a la marcha.

Frente a la convocatoria, la Cancillería y el Ministerio del Interior indicaron que las autoridades locales y los gestores de convivencia coordinarán los desvíos viales y los esquemas de movilidad para permitir el tránsito de la ciudadanía en los puntos donde no hay horarios confirmados de cierre.

Dispositivo de seguridad y control judicial

El Gobierno nacional reiteró que la orden dada a las Fuerzas Militares y a la Policía exige actuar bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y estricta legalidad frente a cualquier alteración del orden público que se pueda presentar el 14 de octubre.

El ministro Lara señaló que los actos de violencia, la destrucción de infraestructura pública o las agresiones contra los miembros de la fuerza pública serán procesados penalmente con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, garantizando la recolección de material probatorio en los sitios de protesta.