Qué pasa legalmente cuando un menor de edad es abandonado en Colombia, según un abogado de familia

Durante 2026 se han conocido varios casos de abandono de menores en Colombia. Los vecinos denunciaron los hechos y miembros de la Policía atendieron las situaciones, que no terminaron en tragedia. Estos casos reabrieron el debate sobre las sanciones que pueden enfrentar padres y cuidadores.

En Colombia, el abandono de un menor de edad puede derivar en una investigación penal y en un proceso administrativo para restablecer sus derechos. La ley contempla penas de prisión para quienes dejen desprotegido a un niño de 12 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma.

De acuerdo con el artículo 127 del Código Penal, la conducta puede ser sancionada con entre 32 y 108 meses de prisión. La pena puede aumentar si el abandono ocurre en un sitio despoblado o solitario que represente un riesgo para la integridad de la víctima.

Las autoridades deben verificar primero los derechos del niño antes de iniciar con cualquier proceso

Que un menor sea hallado solo o en condición de abandono no implica que pueda ser adoptado de inmediato ni que quien lo encuentre pueda asumir legalmente su cuidado. Las autoridades deben activar las medidas de protección correspondientes y verificar el estado de salud del niño, las circunstancias en las que fue encontrado y su contexto familiar.

En ese escenario puede abrirse un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard), mecanismo mediante el cual se busca proteger al menor y establecer qué persona o institución puede garantizar su cuidado de forma adecuada.

“Encontrar a un niño en situación de abandono no significa que automáticamente sea adoptable. Lo primero es garantizar su protección, verificar sus derechos y buscar dentro de su familia una persona que pueda hacerse cargo de él. Solo después de este procedimiento puede determinarse su situación jurídica”, explicó a través de un comunicado oficial Jimmy Jiménez, abogado especialista en familia del bufete Integrity Legal.

El proceso prioriza a la familia de origen o extensa

Durante el Pard, las autoridades procuran ubicar a los padres y a otros integrantes de la familia extensa, con el fin de determinar si alguno cuenta con las condiciones para hacerse cargo del menor y proteger sus derechos. Para este fin, se realiza un estudio por medio del cual se pretende verificar si el menor tendrá una vida digna.

También se revisa la situación de los progenitores, que son los primeros que entran al proceso. Según las circunstancias del caso y las decisiones de la autoridad competente, pueden imponerse medidas de protección y compromisos dirigidos a restablecer las garantías del niño.

Sin embargo, estas actuaciones administrativas no excluyen la posible responsabilidad penal. Si las autoridades concluyen que existió abandono en los términos previstos por la ley, la persona señalada puede enfrentar una investigación por ese delito y así se agravaría su caso.

La adopción es una medida de último recurso

Es importante aclarar que el restablecimiento de derechos y la adopción corresponden a procedimientos jurídicos distintos. El primero tiene como objetivo proteger al menor y definir si puede permanecer o reintegrarse a su entorno familiar bajo condiciones seguras.

En contraste, la declaración de adoptabilidad solo puede contemplarse cuando no sea posible garantizar el cuidado y la protección del niño dentro de su familia de origen o extensa, puesto que lo importante es que el niño se encuentre protegido, con una persona que vele por su seguridad y se asegure de su educación, salud y otros aspectos indispensables.

En paralelo, el proceso penal para los responsables del abandono busca establecer si hubo responsabilidad por el abandono y aplicar la sanción prevista en la legislación colombiana.