
El presidente Abelardo de la Espriella definió una estrategia conjunta con la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de migrantes mediante la obtención fraudulenta de identidades colombianas.
Las autoridades reforzarán los controles sobre registros civiles de nacimiento que luego sirven para tramitar cédulas de ciudadanía.
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Desde 2024, la entidad anuló o invalidó 765 registros civiles de nacimiento y canceló cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía obtenidas irregularmente por ciudadanos extranjeros. Las medidas se orientan a detectar maniobras que involucran documentos falsos, redes criminales transnacionales y la participación de colombianos como testigos o declarantes.
La reunión se realizó en la Casa de Nariño con el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; y el director de Migración Colombia, coronel retirado José Luis Castañeda. También participaron los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía.
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“El Registrador Nacional dio a conocer que dentro de las acciones conjuntas definidas se destaca el uso de herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial, así como los controles que tiene la entidad, para seguir luchando contra este flagelo”, dice en el comunicado emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Testigos repetidos y documentos extranjeros falsificados

Las alertas identificadas incluyen ciudadanos que figuran como testigos en más de 2.000 inscripciones de registros civiles de nacimiento. También aparecieron personas registradas como padres en más de 50 trámites de ese tipo.
“A su vez, señaló que el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Registraduría Nacional ha encontrado alertas de ciudadanos que han sido testigos en más de 2.000 ocasiones en la inscripción de registros civiles de nacimiento. También, se han hallado anomalías de ciudadanos de figuran como padres en más de 50 registros civiles de nacimiento”, se añade en el documento.
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Esos registros constituyen el antecedente para solicitar una cédula de ciudadanía. De acuerdo con la Registraduría Nacional, organizaciones criminales transnacionales usan registros civiles y apostillas falsos de otros países para obtener documentos colombianos en favor de ciudadanos extranjeros.
El Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial detectó los patrones irregulares que activaron las alertas. Las acciones definidas prevén ampliar el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y controles internos para identificar nuevas anomalías con mayor rapidez.

Penagos advirtió que los colombianos que actúan como testigos o declarantes con información falsa incurren en un delito y pueden enfrentar consecuencias penales. Estas prácticas permiten respaldar solicitudes de identidad que alimentan las redes dedicadas al tráfico de migrantes.
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“El Registrador Nacional anunció que desde el año 2024 se han anulado o invalidado 765 registros civiles de nacimiento y se han cancelado cerca de 1.830 cédulas de ciudadanía que fueron obtenidas irregularmente por ciudadanos extranjeros”, concluye el comunicado de la Registraduría.
Así mismo, Migración Colombia deberá liderar, en coordinación con la Policía, operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular, por orden del presidente. El mandatario ya había mantenido varias reuniones con Camargo y se había reunido por primera vez con Penagos aproximadamente dos semanas antes.
Del mismo modo, a la cita también asistieron el canciller, Omar Bula, y el embajador designado en España, Carlos Felipe Mejía. La embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, participó de forma virtual.
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Mejía afirmó que fue invitado a una reunión de alto nivel para combatir “las redes transnacionales de falsificación de documentos y suplantación de identidad asociadas al tráfico de migrantes”. El embajador designado aún no habría recibido el beneplácito del gobierno español.
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