Daniel Briceño puso sobre la mesa una cifra que busca dimensionar cuánto representan para el Estado los esquemas de seguridad de congresistas y concejales de Bogotá. El representante a la Cámara publicó en su cuenta de X un reporte construido con información del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) y advirtió que, solo durante 2026, esos contratos suman más de $181.413 millones.
“Sobre la discusión de los esquemas de seguridad, solo en 2026 los esquemas de seguridad de los Senadores, Representantes a la Cámara y concejales de Bogotá le costarán a los colombianos $181.413.400.168. En 4 años serán 725 mil millones de pesos aprox. La discusión hay que darla”, escribió Briceño al presentar los datos.
PUBLICIDAD
El congresista proyectó que, si los techos presupuestales se mantienen durante los próximos cuatro años, el gasto acumulado llegaría aproximadamente a $725.000 millones. La cifra abre la discusión sobre los recursos destinados a estos dispositivos de protección. El dato adquiere relevancia porque Briceño planteó una mirada amplia sobre el gasto contratado por corporaciones y no únicamente sobre un caso.
De acuerdo con el reporte divulgado por el representante, el mayor monto corresponde a la Cámara de Representantes. Allí aparece un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 por $123.225.064.561, destinado a la protección de representantes y servidores públicos que se encuentran en situaciones de riesgo extraordinario y extremo.
El Senado, por su parte, registra dos procesos vigentes con una duración de 11 meses, hasta el cierre de 2026. Uno contempla $44.111.500.000 para senadores en situación de riesgo, mientras que el segundo asigna $1.006.700.000 para funcionarios de la corporación. Los contratos registrados en Secop II muestran que se trata de recursos públicos destinados a atender distintos niveles de riesgo y proteger a funcionarios y congresistas.
PUBLICIDAD
El caso de Rodrigo Londoño pone la lupa sobre el costo de los esquemas de protección
Uno de los casos que más llama la atención alrededor de este tema es el de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, presidente del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz. Durante un debate de control político realizado el 29 de septiembre de 2026, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, explicó ante la Cámara de Representantes que Londoño cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección.
Blanco también señaló que Londoño había solicitado una ampliación de su esquema, pero el estudio de riesgo adelantado por la entidad determinó que no procedía asignarle más recursos. Según una fuente oficial de la UNP citada por Infobae Colombia, el dispositivo tendría un costo mensual estimado de $335.673.142.
La misma información establece que los 16 escoltas representarían $220.800.000 mensuales, al calcular un costo de $13.800.000 por cada integrante. A esto se suman $107.423.142 correspondientes a los seis vehículos blindados, con un valor mensual estimado de $17.903.857 por camioneta. El cálculo incorpora además $7.200.000 mensuales para combustible, a razón de $1.200.000 por vehículo, y $250.000 destinados a peajes. Con esos componentes, el costo anual estimado del esquema de Londoño asciende a $4.028.077.704.
PUBLICIDAD
La cifra no incluye otros elementos necesarios para la operación del dispositivo, como armas, chalecos antibalas y sistemas de comunicación, por lo que el valor total puede involucrar otros gastos asociados a la protección. Así mismo, la discusión ocurre mientras la UNP comunicó el retiro de esquemas a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos figuran exministros, exdirectores y otras personas con protección especial.
En esa lista aparecen Armando Benedetti, Germán Ávila, Guillermo Alfonso Jaramillo, Antonio Sanguino, Rosa Yolanda Villavicencio, Yesenia Olaya, Diana Morales, Edwin Palma, Yeimi Carina Murcia, Luis Alfredo Acosta Zapata y José Antonio Ocampo. También están Otty Patiño, Jorge Lemus, Carlos Carrillo, Jaime Dussán, Daniel Quintero y Ángela María Robledo. La UNP también informó decisiones que afectan a Pilar Rueda, Mayerly Alejandra Legarda Quilcué y el activista Daniel Mendoza. A estas determinaciones se suman suspensiones previas de esquemas para Beto Coral, Levy Rincón, Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero.
PUBLICIDAD