El ministro de Justicia, Iván Cancino, aceptó la renuncia de ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal y dejó sin efecto la designación de otros dos miembros de este organismo consultivo del Estado.
La decisión se produce después de que el Ministerio de Justicia solicitara en agosto la renuncia protocolaria de quienes integraban la instancia.
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La resolución firmada por Cancino formalizó la salida de ocho integrantes que habían presentado sus renuncias, cuyo trámite estaba pendiente de decisión por parte del Ministerio:
- Francisco Bernate Ochoa
- Mauricio Cristancho Ariza
- Martha Cecilia Abella de Fierro
- Rocío del Pilar Peña Huertas
- Yessika Hoyos Morales
- Aura María Cárdenas Paulsen
- María Camila Moreno Múnera
- Julio César Ortiz Gutiérrez
A la salida de estas ocho personas se suma la decisión de dejar sin efecto las designaciones de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona. De acuerdo con la información oficial, ambos habían sido nombrados en junio de 2025, pero no aceptaron las designaciones ni llegaron a ejercer funciones dentro de la Comisión Asesora de Política Criminal.
De esta manera, son diez los integrantes que quedan por fuera del organismo. Las designaciones de los miembros habían sido realizadas entre el 24 y el 25 de junio de 2025, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro. La resolución de ese año estableció la integración de la comisión y señaló que sus integrantes serían designados ad honorem por periodos de dos años.
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Una solicitud de renuncias que comenzó en agosto
El proceso que desembocó en la salida de los integrantes comenzó el 26 de agosto de 2026, cuando la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó la renuncia protocolaria de sus miembros. La comunicación fue firmada por Laura Nataly Castillo Garay, directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria, y estableció inicialmente el 28 de agosto como fecha para presentar las cartas.
En el documento se hizo referencia a la llegada de Iván Cancino al Ministerio de Justicia y a las facultades previstas en el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, norma que regula la conformación, funcionamiento y potestades de nominación de la Comisión. La solicitud estuvo relacionada con el cambio en la dirección del Ministerio de Justicia, de acuerdo con el contenido del documento oficial conocido en septiembre.
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La comisión es un organismo consultivo e independiente que proporciona soporte técnico, científico y empírico al Ministerio y al Consejo Superior de Política Criminal en asuntos relacionados con la política penal y penitenciaria. Los integrantes ejercen sus funciones ad honorem y sus conceptos tienen carácter consultivo. Entre sus labores se encuentran la elaboración de estudios y diagnósticos, así como la formulación de recomendaciones y conceptos sobre asuntos de política criminal y proyectos relacionados con el sistema penal y penitenciario.
La conformación anterior incluía perfiles provenientes de áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, derechos humanos, justicia transicional y academia. La designación realizada en junio de 2025 fue expedida por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett.
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La salida coincide con cambios en la política de justicia
La renovación de la comisión también se produce mientras el actual Gobierno desarrolla modificaciones en materia de política criminal. En septiembre, los ministros de Justicia e Interior presentaron las bases de una nueva política de sometimiento a la justicia dirigida a integrantes de grupos armados ilegales. Según lo informado por el Gobierno, la propuesta contempla condiciones establecidas por el Estado y no plantea negociaciones políticas ni excarcelaciones como mecanismo general de sometimiento.
El Ministerio de Justicia también trabaja en una reforma al Código de Procedimiento Penal. Entre los cambios planteados se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de la audiencia de formulación de imputación y la creación de una audiencia de terminación anticipada, con el propósito de modificar los tiempos de los procesos y atender la congestión judicial.
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La Comisión Asesora de Política Criminal tendrá que ser nuevamente conformada para acompañar al Ministerio en el análisis de estas y otras iniciativas. Además, los próximos integrantes tendrán entre sus funciones aportar análisis y conceptos sobre los proyectos, iniciativas y decisiones que adopte el Gobierno en materia de justicia, política criminal y sistema penal.
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