El vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, aseguró que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo, y vinculado a las investigaciones en contra de los hermanos Uribe Vélez, recibió atención médica antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá.
Según su versión, el interno fue notificado durante la madrugada del 30 de septiembre de 2026, pero manifestó dolor en el pecho, por lo que fue remitido a un centro asistencial. “Lo notificaron, lo atendieron, le dieron de alta y ya está en Cómbita. Máxima seguridad”, afirmó Soto al comienzo de su intervención.
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El vocero sostuvo que Monsalve, al que describió como un paciente cardíaco, fue evaluado por el personal médico y no requirió hospitalización. En ese sentido, planteó que la asistencia sanitaria constituye una obligación estatal, aunque rechazó que el episodio médico pueda derivar en un trato excepcional dentro del sistema penitenciario.
“Al Estado no le corresponde negarle atención médica a un preso. Naturalmente, lo evaluaron y luego le dieron de alta. Se estableció que no necesitaba hospitalización y el traslado siguió (...) Atender la salud de un preso es obligación del Estado. Convertir el infarto en extensión de la casa fiscal o en excusa para privilegios no puede ser permitido por el Estado”, expresó.
Soto añadió que la protección de la salud y de la vida de los internos debe estar garantizada en cualquier establecimiento carcelario. “Atender la salud de un preso es obligación del Estado”, dijo, antes de cuestionar que una enfermedad pueda ser utilizada, según sus palabras, “como extensión de la casa fiscal o como excusa para privilegios”.
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En el resto de su discurso, el vocero repasó la situación penitenciaria de Monsalve. Señaló que el exparamilitar lleva 18 años preso y que recibió una condena de más de cuatro décadas por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. También afirmó que permaneció en La Picota bajo un régimen especial, en la casa fiscal del director del penal.
“Estuvo ocho años bajo un régimen especial, con una orden de la Corte de abril de 2018 para protegerle la vida. Pero protegerle la vida no significa convertir su estancia en una vacación, en un hotel de lujo, porque la cárcel no es un hotel de lujo”, manifestó.
Soto reconoció que el alto tribunal había autorizado ciertos elementos para Monsalve, como una nevera, un microondas y una licuadora. No obstante, aseguró que posteriormente se encontraron otros objetos y condiciones que, a su juicio, excedían ese marco.
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“Encima había lavadora, módem, wifi, segunda nevera, una estufa a gas, cargadores, televisor y hasta un air fryer. También había licor, dinero en efectivo, fiestas, celulares y reuniones no autorizadas”, enumeró.
El vocero afirmó que Monsalve se opuso a una requisa en 2025 y que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) solicitó en varias oportunidades retirar el trato diferencial. Según Soto, esos antecedentes influyeron en la decisión de trasladarlo a Cómbita.
El presidente Abelardo de la Espriella, agregó, ordenó el cambio de establecimiento bajo la premisa de eliminar los privilegios penitenciarios. Soto citó una declaración del mandatario: “En la patria milagro, ningún preso tendrá privilegios. No voy a permitir que las cárceles se vuelvan centros de operaciones criminales. Quien esté preso cumplirá su pena sin privilegios y sin seguir delinquiendo”.
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Para el vocero, la llegada de Monsalve a Cómbita no implica una sanción adicional, sino el cumplimiento de la condena en un penal de máxima seguridad. “Cómbita no es un castigo extra, es cárcel de verdad, con el mismo deber de resguardar la vida que tiene cualquier penal”, afirmó.
Soto cerró su intervención con un mensaje dirigido a los demás internos. “La cárcel no es un escenario de premios por atestiguar o por declarar. Es el escenario en donde se cumple la pena”, sostuvo. Y concluyó: “En la era del tigre no se discute ese privilegio, se corta”.
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