Del 5 al 9 de octubre de 2026, el Congreso de la República no tendrá sesiones ordinarias, sumándose a la semana de receso establecida en las instituciones educativas del país.
La decisión fue adoptada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes con previo encuentro con voceros de las bancadas políticas.
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De hecho, en el sitio web de las corporaciones se observa que en las agendas legislativas no se tiene previsto que se vayan a realizar actividades en los cinco días hábiles.
Incluso, estaba previsto una plenaria del Senado para el miércoles 7 de octubre a las 3:00 p. m., con 18 proyectos de ley en el orden del día preliminar, aunque sin la discusión presupuestaria, según recopiló El Colombiano.
Varios legisladores manifestaron a medios como La FM o Caracol Radio que la semana de descanso será aprovechada para tomar su tiempo para compartir con sus familias o para adelantar labores en las regiones del país.
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Así mismo, algunos parlamentarios sostuvieron en esa semana también se desarrollarán reuniones para abordar varias iniciativas previstas a debatirse proximamente.
Una excepción
No obstante, la Comisión Primera del Senado fue la excepción a la regla, ya que el lunes 6 de octubre realizó una audiencia pública sobre un acto legislativo impulsado por el Centro Democrático.
La propuesta plantea una revisión judicial automática de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz a integrantes de la Fuerza Pública; allí varios parlamentarios participaron de manera virtual.
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El ritmo de trabajo legislativo generó críticas por la acumulación de iniciativas desde el inicio del período, el 20 de julio.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, sostuvo que en las últimas plenarias se discutía casi un proyecto por día, una dinámica que atribuyó a la extensión de las intervenciones frente a los debates de fondo.
“Nosotros estamos listos cuando nos llamen y lo que nos ha manifestado la Presidencia del Senado de la República es que una vez pase la semana de receso, trabajaremos todos los días de la siguiente semana”, indicó el legislador a La FM.
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El primer vicepresidente del Senado, Manuel Virgüez, también cuestionó esa situación. “Se abre el registro puntualmente, pero los senadores llegan media hora o una hora después, entonces quieren hablar y así no podemos avanzar. Ojalá podamos ser más puntuales”, expresó a Caracol Radio.
Esta pausa ha reducido el tiempo disponible para aprobar varias de las iniciativas del interés nacional.
Presupuesto 2027
El principal es el Presupuesto General de la Nación para el 2027, cuya discusión se reanudará el 13 de octubre, en las plenarias de ambas corporaciones.
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Las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta ya fijaron el monto en $634,9 billones, una cifra que el Ejecutivo podrá aprobar si el Congreso no alcanza un acuerdo dentro del plazo legal.
Las votaciones se proyectan para los días comprendidos entre el 13 y el 16 de octubre. Si Cámara y Senado adoptan textos distintos, deberán conciliarlos antes de la fecha límite, que es el 20 de octubre.
El proyecto incorpora más de 615 proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. Entre los cambios figura un recorte de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, distribuido entre gastos de funcionamiento e inversión.
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También se contempla el traslado de dos billones de pesos desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia el sector de Salud y Protección Social. La Rama Judicial recibiría $100.000 millones adicionales para cubrir faltantes relacionados con el ajuste de la bonificación judicial, mientras que Deporte y Recreación sumaría $99.100 millones.
Agenda de Gobierno
Del mismo modo, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella aún no ha radicado su primera agenda legislativa, pese a los anuncios del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Entre las iniciativas previstas están una ley de sometimiento, una ley de Orden Público, un estatuto antiterrorista, un paquete de transparencia legislativa y una norma de experimentación territorial para revisar los giros de recursos hacia las regiones.
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Así mismo, el Ejecutivo también prepara un proyecto para oficializar a Barranquilla como capital alterna y propuestas sobre los llamados gerentes regionales.
Igualmente, se contempla la ley de experimentación territorial que permitiría que un territorio aplique, durante un plazo definido y bajo reglas específicas, una forma distinta de ejercer una competencia antes de decidir si el modelo se extiende al resto del país, se modifica o se descarta.
Otra iniciativa prevé delegados del Gobierno en cada región, con responsables identificados y plazos de respuesta. La propuesta busca habilitaciones temporales para que servicios como agua, electricidad y saneamiento se restablezcan en semanas y no en meses, en coordinación con medidas del sector de vivienda.
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