Siguen las polémicas para la familia de la influenciadora petrista Gabriela Muñoz, después de que se revelara una serie de irregularidades presuntamente cometidas al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mientras la madre de la también conocida “mariposa amarilla”, Liliana Olaya, hizo parte de la entidad.
Según información conocida por Caracol Radio, la posible manipulación de una base con información reservada de agentes figuraría entre las irregularidades en la DNI. El caso también involucraría cuestionamientos por compras de armas, contrataciones y la falta de formación para los funcionarios de la entidad.
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Según los datos revelados, las situaciones bajo observación habrían ocurridon durante el gobierno de Gustavo Petro y alcanzarían áreas sensibles de la Dirección Nacional de Inteligencia. La denuncia menciona a Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, quien trabajó como coordinadora de Análisis de la Contrainteligencia.
La información revelada plantearía que la DNI habría acumulado fallas en sus procedimientos administrativos, en la vinculación de personal y en el manejo de datos confidenciales. El señalamiento más delicado se relacionaría con el registro de quienes pasaron por la institución, que presuntamente habría sido alterado por un exdirector de Contrainteligencia.
La base de datos de agentes quedó bajo cuestionamiento
Según información conocida por Caracol Radio, habría una serie de irregularidades en el archivo que reúne información sensible sobre los funcionarios y exfuncionarios de la entidad. De acuerdo con el medio, la base habría sido manipulada por un antiguo jefe del área de contrainteligencia.
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Dicha situación comprometería los controles internos y los filtros aplicados a quienes integraron el organismo estatal. La información almacenada incluiría antecedentes relevantes para la seguridad institucional.
La denuncia vinculó este punto con otros asuntos que deberán ser revisados dentro de la entidad. Entre ellos se mencionan la adquisición de un dron y los perfiles de las personas contratadas.
Liliana Olaya estuvo al frente de la coordinación del área de Análisis de la Contrainteligencia, una dependencia descrita como una de las de mayor peso dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia.
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Su nombre apareció en la revelación por su vínculo familiar con Gabriela Muñoz, una funcionaria que tuvo cercanía con el entorno político de Gustavo Petro. Sin embargo, a la mujer no se le responsabiliza, por ahora, por las presuntas irregularidades de la institución.
Gabriela Muñoz es activista política, creadora de contenido digital y estudiante de Derecho. La joven es reconocida por su cercanía con sectores progresistas y con el entorno del presidente.
Muñoz Ocupó un cargo asistencial de nivel auxiliar antes de incorporarse a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. Esa vinculación despertó cuestionamientos públicos por denuncias sobre una posible influencia excesiva en decisiones operativas de la Aerocivil.
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Las compras de armas fueron calificadas como innecesarias
Según la información conocida por Caracol Radio, las adquisiciones de armamento letal dentro de la DNI se habrían adelantado sin una justificación operativa para su compra. Sin embargo, la solicitud habría llevado a una ampliación de contratos con la Industria Militar de Colombia (Indumil).
El señalamiento se sumó a las dudas sobre el funcionamiento administrativo de la DNI durante la administración de Petro. Las observaciones abarcan decisiones internas que quedaron expuestas ante la opinión pública.
La Escuela Nacional de Inteligencia no dictó cursos durante cuatro años
Otro de los puntos revelados fue la presunta suspensión de la capacitación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Caracol Radio señala que durante los cuatro años de Gobierno no se realizaron cursos para los funcionarios.
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La ausencia de formación habría afectado la instrucción académica que debía recibir el personal de la institución y generado una parálisis en procesos básicos de la entidad.
Las críticas también alcanzaron los mecanismos de nombramiento. De acuerdo con la denuncia, hubo presunta vinculación de personal sin cumplir los parámetros establecidos para ocupar determinados puestos.
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