Las 31 ciudades capitales consultadas del país reportaron algún nivel de riesgo alto o crítico para la continuidad del sistema de salud, de acuerdo con la línea base 2026 elaborada por Asocapitales y Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (Unips).
El documento, construido a partir de las respuestas de las secretarías de Salud, señala que ninguna de las capitales se ubicó en las categorías de riesgo bajo o moderado.
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El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (Itrss) registró un promedio de 71 puntos sobre 100 y una mediana de 74. De acuerdo con la clasificación del informe, 15 ciudades quedaron en la banda crítica y 16 en la alta. El resultado recoge la percepción institucional de las autoridades sanitarias sobre la situación de sus territorios y no constituye una evaluación de la gestión de las administraciones locales ni una comparación entre ciudades.
La consulta se realizó entre el 4 de agosto y el 16 de septiembre de 2026 y contó con respuestas de 31 capitales. El instrumento examinó diferentes componentes del sistema, entre ellos el aseguramiento, la prestación de servicios, la salud pública y las capacidades de inspección, vigilancia y control. En total, procesó 77 variables para construir el índice y el mapa nacional de riesgos.
Así se distribuye el riesgo en las capitales
En la banda crítica se encuentran Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Florencia, Inírida, Medellín, Mitú, Mocoa, Pasto, Popayán, Puerto Carreño, Riohacha, Tunja y Yopal. Sus puntajes en el índice van de 76,1 a 93 puntos sobre 100. El informe precisa que esta clasificación corresponde a bandas de riesgo y no debe interpretarse como un ordenamiento de las ciudades.
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Las otras 16 capitales fueron ubicadas en la banda alta: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Ibagué, Leticia, Manizales, Montería, Neiva, Pereira, Quibdó, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio. Sus resultados se encuentran entre 50 y 74 puntos. Aunque están en una categoría distinta a las ciudades clasificadas en riesgo crítico, todas hacen parte de las dos bandas superiores definidas por el ejercicio.
El informe advierte que los puntajes no son calificaciones oficiales ni mediciones regulatorias. Se trata de aproximaciones técnicas construidas a partir de las respuestas de las autoridades territoriales, con el propósito de identificar alertas y orientar el diálogo entre el Gobierno nacional y las ciudades. Tampoco permite establecer comparaciones con años anteriores, porque esta es la primera medición y constituye la línea base para ejercicios posteriores.
Más allá de la clasificación general, el documento identifica el acceso a los servicios como una de las dimensiones con mayor coincidencia entre territorios. 30 de las 31 ciudades reportaron riesgo alto o crítico en este componente. Además, 27 señalaron que las barreras de acceso aumentaron significativamente durante el último año y ninguna informó una mejoría.
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Medicamentos, deudas y continuidad de los tratamientos
El abastecimiento de medicamentos aparece como una de las principales preocupaciones del informe. 23 ciudades reportaron dificultades críticas para el suministro ambulatorio, es decir, el que permite que los pacientes reciban sus medicamentos fuera de las instituciones hospitalarias. En contraste, ocho capitales señalaron dificultades críticas en el abastecimiento hospitalario.
La diferencia entre ambos resultados es uno de los hallazgos destacados por el documento: las dificultades se concentran principalmente en la entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios. Entre los grupos terapéuticos con mayores problemas de suministro están los medicamentos oncológicos, mencionados por 27 ciudades; los cardiovasculares, señalados por 26; y los antidiabéticos y la insulina, reportados por 25.
Las consecuencias potenciales también fueron parte de las respuestas. 30 ciudades identificaron la interrupción de tratamientos en curso como un riesgo, mientras que 26 señalaron la posibilidad de progresión de enfermedades por falta de atención oportuna y 18 mencionaron el aumento de la mortalidad evitable. En el caso de los pacientes con enfermedades de alto costo, 27 capitales priorizaron la interrupción de tratamientos como uno de los riesgos más relevantes del sistema.
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El documento también relaciona las dificultades de prestación con factores financieros y contractuales. 23 ciudades señalaron la cartera y el no pago de las EPS como causas de suspensiones o cierres de servicios; 20 mencionaron la insuficiencia financiera de las IPS y 16, la terminación de contratos. En cuanto a la sostenibilidad de las redes, 30 ciudades reportaron que sus redes prestadoras presentan inestabilidad, señales de deterioro o riesgo de colapso.
En el componente de aseguramiento, las capitales reportaron 87 Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medidas especiales de vigilancia, intervención o liquidación, de un total de 197 que operan en los territorios consultados.
El informe calcula que la mediana de la proporción de EPS bajo medida especial por ciudad fue del 50%. Además, 18 ciudades indicaron que las EPS conservan parcialmente sus capacidades técnicas, administrativas, financieras y operativas; ocho reportaron una pérdida significativa y cuatro, una pérdida crítica.
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Las solicitudes al Gobierno nacional
Entre las acciones que las ciudades consideran necesarias, 30 solicitaron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo, así como apoyar el saneamiento de las deudas entre EPS e IPS.
Otras 23 plantearon la intervención o reorganización de EPS en riesgo, mientras que 22 pidieron fortalecer las capacidades territoriales de inspección y control. También se mencionaron las transferencias directas a las redes prestadoras y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las autoridades nacionales y locales.
El informe plantea, además, la creación de una mesa técnica permanente entre el Gobierno nacional y las capitales, junto con un sistema estandarizado para reportar la continuidad de los servicios y sus suspensiones. Estas propuestas buscan mejorar el intercambio de información y precisar las competencias de las autoridades territoriales frente a las EPS.
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