El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, salió en defensa del borrador de modificación del Decreto 003, que con 24 artículos busca modificar las reglas de la protesta social y la intervención de la fuerza pública, con un esquema que permite actuar de inmediato contra hechos violentos sin suspender el diálogo con los manifestantes.
La propuesta reemplazaría aspectos del referido decreto, expedido en 2021 y busca conciliar el derecho a la movilización con la vida, la salud, la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios públicos esenciales. El Ejecutivo ha sostenido el aumento de la conflictividad social, que pasó de 1.427 eventos en 2022 a 4.039 en 2025.
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Lara afirmó que el proyecto fue sometido al procedimiento de consulta exigido por la norma y que no pretende restringir las movilizaciones. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, expresó el ministro en su mensaje en la red social X, que compartió, según él, lo que sería el espíritu de esta reforma.
En su argumentación, el ministro, hijo del asesinado extitular de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, diferenció las afectaciones propias de una protesta de los actos que habilitarían una intervención. “El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, señaló Lara Restrepo.
Una intervención focalizada de la fuerza pública ante armas y agresiones
La Policía Nacional podría actuar de forma inmediata contra los que utilicen armas de fuego, artefactos explosivos o armas cortopunzantes, retengan personas o agredan a terceros. En esos casos, las etapas de diálogo que estaban previstas en el Decreto 003 no condicionarían ni aplazarían la intervención policial dirigida contra los agresores.
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El borrador promovido por el Ejecutivo y que estará abierto para comentarios hasta el domingo 4 de octubre también ordena que las autoridades identifiquen a las personas que cometan delitos durante las movilizaciones y aseguren elementos de prueba para su judicialización, sin afectar a los que participen de forma pacífica.
Con ello, las unidades policiales deberán acompañar las marchas desde una distancia mínima de cuatro metros, con el objetivo de proteger tanto a los manifestantes como a quienes no participen de la jornada. Los Puestos de Mando Unificado (PMU) evaluarán la gravedad y duración de los bloqueos viales para definir las medidas a tomar.
El texto prevé protección especial para hospitales, aeropuertos, redes eléctricas y corredores de socorro; además de un modelo progresivo de respuesta con cinco niveles: prevención y gestión; diálogo directo; mediación y articulación institucional; disuasión; y restablecimiento del orden por la Unipol o la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).
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¿Cuándo se usará la fuerza para repeler la protesta?
Según el documento, las tres primeras instancias podrán omitirse cuando se detecten hechos violentos desde el inicio de una marcha. La concertación se considerará agotada si un bloqueo impide el paso de ambulancias u organismos de socorro, afecta hospitales, provoca desabastecimiento de alimentos, combustible o medicinas, o incluye retenciones.
También se actuará si se causan daños a la infraestructura o deriva en agresiones contra periodistas, policías, personal médico o servidores públicos. En cuanto a las mesas de diálogo, incorporarán representantes de los gremios y delegados de las Juntas de Acción Comunal, en una medida que apunta a evaluar de manera simultánea los efectos de las movilizaciones.
El ministerio administrará un Sistema de Alertas Tempranas de Conflictividad Social a través del Singesc para anticipar conflictos y, cuando se emita una alerta, la autoridad local tendrá cinco días hábiles para instalar una mesa de diálogo. El mecanismo no podrá usarse para hacer inteligencia contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
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Aun después de una intervención de la fuerza pública para contener disturbios, la mediación podrá retomarse con los grupos pacíficos cuando se restablezcan las condiciones de seguridad. Con ello, Lara reiteró que el diálogo seguirá abierto con quienes se movilicen sin violencia, mientras las autoridades actuarán contra quienes agredan.
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