Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes ya tienen definidas las jornadas en las que votarán el artículo del Presupuesto General de la Nación: que será, si nada extraordinario ocurre, de $634,9 billones, luego de haberse aprobado el monto por parte de las Comisiones Económicas del legislativo en la sesión del 14 de septiembre.
De acuerdo con el cronograma dispuesto, las jornadas en las que se buscará darle vía libre a los rubros definidos por el Ejecutivo para la siguiente vigencia será entre el 13 y 15 de octubre, con el objetivo de que el Congreso lo apruebe antes del 20 de octubre y evite que entre en vigor por decreto, pues esta es la fecha límite para que se tramite.
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El calendario fue confirmado por el presidente de las citadas comisiones del Congreso, el representante liberal Alexander Bermúdez, después de que el proyecto superara su primer debate; en un ambiente favorable para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca financiación internacional a través de la banca multilateral, como el FMI.
Las plenarias deberán resolver más de 470 proposiciones antes de la decisión definitiva del legislativo. Estas iniciativas quedaron como constancias durante el primer debate y abarcan el articulado, la regionalización de los recursos, en una discusión en la que también se prevé importantes ajustes en sectores clave del organigrama nacional.
Un techo de $634,9 billones y la disputa por su reparto
El proyecto avanzó en las comisiones económicas conjuntas con un monto de $ 634,9 billones, que constituye el techo máximo del presupuesto y no la aprobación completa de la ley, que estará sujeta a modificaciones. La discusión ahora se centrará en el reparto de los recursos, en medio de recortes y presiones por el servicio de la deuda.
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De entrada, se prevé que el Presupuesto General de la Nación contemple $86,9 billones para inversión. Más de una tercera parte de esos recursos se destinará a Inclusión Social y otros programas prioritarios del Gobierno, que en medio de las limitantes dejó en claro que reforzará la atención a la población vulnerable.
El sector de Minas y Energía tendría la mayor reducción presupuestaria, con $4,02 billones menos. Le sigue el Ministerio de Agricultura, cuyo presupuesto cae 32%, de $4,1 billones a $2,7 billones; Ambiente y Desarrollo Sostenible, con $450.141 millones menos, mientras que el Ministerio de las Culturas registra una disminución de $295.191 millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendría un recorte de $170.000 millones entre funcionamiento e inversión; el Dane quedará con $277.000 millones, con lo que reducirá 26,5% su presupuesto y, quizá, el más significativo, será el Departamento Nacional de Planeación caerá 47,8%, de $1,03 billones a $538.000 millones.
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A su vez, la Policía Nacional y la Aeronáutica Civil tendrían ajustes de $17.000 millones y $15.000 millones, respectivamente. De esta manera, el Congreso deberá definir el texto final dentro del plazo legal para habilitar la sanción presidencial, a diferencia de lo ocurrido en 2026, cuando el presupuesto se estableció por decreto.
Así será la votación tras el receso legislativo
El Estatuto Orgánico de Presupuesto establecía que la discusión en las plenarias de Senado y Cámara debía comenzar el jueves 1 de octubre de 2026. Sin embargo, el debate fue programado para mediados de mes, una vez concluya la semana de receso legislativo, que se adelantará a partir del lunes 5 de octubre, conforme a la ley.
En ese sentido, Bermúdez espera que la ponencia final esté lista durante las jornadas previstas para la votación. Si las dos cámaras aprueban textos distintos, la conciliación podría realizarse entre el 16 y el 19 de octubre para dejar definido el documento que pasará a sanción presidencial, en un paso vital para definir la hoja de ruta en 2027.
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