Donovan Balanta Paz, de 34 años, murió después de un procedimiento policial ocurrido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, y su familia realizó el viernes 25 de septiembre un plantón frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Fontibón, para exigir una investigación por presunto abuso policial.
El hombre fue detenido en el sur de Bogotá y trasladado posteriormente a un hospital cardiovascular de Soacha, donde ingresó sin signos vitales.
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La movilización comenzó después de las 9:00 a. m. y reunió a decenas de allegados pese a la lluvia. Los marchantes (en su mayoría de la comunidad afrodescendiente) reclamaron que el caso no quede impune y que se determinen las responsabilidades por la muerte de Balanta.
El día anterior, sus familiares despidieron el cuerpo en el cementerio Jardines del Apogeo.
Sin embargo, en medio del plantón que se hizo en el búnker de la Fiscalía, la exsenadora y militante del Pacto Histórico María José Pizarro, hizo una grave denuncia sobre el proceso judicial que se adelanta, y que hasta el momento dejó a siete uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Soacha apartados de sus cargos mientras avanzan las pesquisas.
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“Estamos aquí exigiendo justicia, una investigación diligente y eficaz. Nos dice la comunidad que aún no han recibido el acompañamiento necesario, que inclusive la policía de investigación, el CTI, no ha hecho presencia en Caracolí y están en riesgo las pruebas que podrían determinar las responsabilidades y por qué se dio este uso desproporcionado de la fuerza, este abuso en contra de la vida de un joven de 34 años en manos de la policía”, afirmó Pizarro a través de un video que compartió desde su cuenta de X la tarde del mismo viernes.
“Así que seguiremos acompañando a la familia, a las organizaciones en su exigencia de justicia. Pero los jóvenes negros de este país, los jóvenes pobres de este país no pueden seguir siendo señalados y de manera impune asesinados. La impunidad no puede seguir reinando en nuestro país”, añadió la excongresista, que acompañó a la familia y el abogado Alí Bantú Ashanti, director ejecutivo del Colectivo Justicia Racial, y que ofreció sus servicios para defender a la familia de Balanta Paz.
Por su parte, el jurista señaló en la misma red social el jueves 24 de septiembre: “Hoy, la tierra reclamará el cuerpo de Donovan. Familiares y allegados lo despiden a esta hora en el cementerio Jardines del Apogeo”.
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Bantú Ashanti sostuvo que si el Estado no entrega justicia, sus allegados la exigirán “hasta lograrla”. En otra publicación, convocó “a todo el pueblo afro a las calles a demandar justicia para Donovan”.
El video que reavivó las denuncias por el operativo
El expresidente Gustavo Petro difundió el viernes una grabación sobre el procedimiento en Caracolí. Las imágenes muestran a varios uniformados que agreden a Balanta cuando ya estaba reducido en el suelo.
El video fue divulgado por el medio Canal 91+ y compartido por Petro con una invitación a ver el informe para “romper la Matrix de la mentira”.
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En la grabación, el periodista Hollman Morris afirmó que los policías insultaron al hombre y lo golpearon con sus cascos mientras permanecía inmovilizado.
El informe audiovisual sostiene que los agentes le quitaron los zapatos, le aplicaron una descarga eléctrica y luego lo subieron a una patrulla. Horas después, Balanta llegó sin signos vitales al centro hospitalario de Soacha.
El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy pidió una investigación y sostuvo que Balanta fue “víctima de abuso policial y racismo”. Según el congresista, los uniformados lo discriminaron por su color de piel, lo arrastraron y utilizaron una descarga eléctrica hasta dejarlo inconsciente.
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Los siete uniformados que participaron en el procedimiento pertenecían a la Policía de Soacha, aunque la intervención se produjo en Ciudad Bolívar, territorio de Bogotá. Esa circunstancia abrió cuestionamientos sobre las facultades de agentes de ese municipio para actuar fuera de su jurisdicción.
Los reclamos al alcalde de Bogotá por la actuación policial
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que todas las entidades del Distrito están disponibles para apoyar las indagaciones y pidió a las autoridades competentes acelerar el proceso.
“Es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”, escribió en X el mandatario distrital.
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Bantú Ashanti cuestionó que Galán, como máxima autoridad policial de la capital, no asuma responsabilidades frente a lo ocurrido.
El abogado afirmó que Balanta fue asesinado por agentes de Soacha en Bogotá y preguntó si esos policías podían desarrollar actividades en una jurisdicción distinta.
Sumado a lo anterior, el jurista exigió medidas contra la violencia que, según su planteamiento, afecta de forma sistemática a la población afro, pobre y víctima de Bogotá.
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En su mensaje al alcalde, Bantú Ashanti escribió: “No venga aquí a tirar la piedra y luego esconde la mano. Ustedes azuzan a esos policías que salen como perros babeando odios a requisar, golpear, secuestrar, maltratar y en muchas ocasiones con uniforme y sin él a aplicar pena de muerte. Estamos hastiados de esa violencia y están ustedes también notificados. ¡Lo que siembras se cosecha!”.
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