El domingo 20 de septiembre de 2026, un joven identificado como Donovan Balanta fue asesinado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en los límites con el municipio de Soacha, Cundinamarca, en medio de un procedimiento de la Policía Nacional en el que participaron siete uniformados de la Policía de Soacha.
Una parte del operativo fue grabado por un ciudadano; en las imágenes que fueron difundidas en redes sociales y medios de comunicación se ve al joven reducido en el piso, rodeado por los policías y siendo agredido por algunos de ellos.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las autoridades están investigando los hechos y que el Distrito está dispuesto a ayudar en las indagaciones, con el fin de determinar con certeza qué pasó.
“El domingo, en el marco de un procedimiento policial de la Policía de Soacha en los límites con Ciudad Bolívar, Donovan Balanta falleció en circunstancias que en este momento están siendo investigadas. Todas las entidades del Distrito están listas para apoyar en las investigaciones, y les he pedido expresamente a las autoridades competentes acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”, precisó el mandatario local en una publicación en su cuenta de X.
Galán informó que la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha estado acompañando a la familia del joven y la Policía Nacional decidió separar de sus cargos a los siete uniformados que estuvieron involucrados en el procedimiento.
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“Quiero ser claro: es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”, precisó.
Abogado opinó sobre lo ocurrido con el joven
El abogado Alí Bantú Ashanti, CEO del Colectivo Justicia Racial, reaccionó a la declaración del alcalde Carlos Fernando Galán y advirtió que él, como mandatario de la ciudad, tiene responsabilidad en lo ocurrido con Donovan Balanta. “@CarlosFGalan, Donovan fue asesinado en Bogotá por agentes de policía de Soacha. La responsabilidad es suya también, pues es usted la máxima autoridad de Policía de la Capital”, indicó el jurista en su cuenta de X.
El profesional en Derecho planteó varios cuestionamientos relacionados con la actuación de los policías. Por un lado, preguntó si los agentes de la Policía de Soacha están facultados para desarrollar actividades en zonas que no son de su jurisdicción. De igual manera, preguntó al alcalde Galán si tomará medidas para frenar la violencia que “azota de manera sistemática” a la población afro, pobre y víctima en Bogotá.
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“No venga aquí a tirar la piedra y luego esconde la mano. Ustedes azuzan a esos policías que salen como perros babeando odios a requisar, golpear, secuestrar, maltratar y en muchas ocasiones con uniforme y sin él a aplicar pena de muerte. Estamos hastiados de esa violencia y están ustedes también notificados. ¡Lo que siembras se cosecha!“, aseveró.
El país político colombiano no fue ajeno a los hechos; algunos congresistas y exfuncionarios del Estado se pronunciaron, exigieron respuestas por parte de la institucionalidad, entre ellos, el excanciller Luis Gilberto Murillo. En una publicación en X, el exministro indicó que Donovan Balanta fue golpeado en varias oportunidades por los uniformados y que también recibió múltiples descargas eléctricas.
Advirtió que estas agresiones habrían ocasionado la muerte del joven, aunque todavía no se conoce un dictamen oficial que indique los motivos de su deceso.
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“Condeno enérgicamente lo sucedido. Esto es inaceptable. Los negros y negras también somos colombianos. No podemos retroceder en la protección y garantía de sus derechos. Exigimos celeridad en las investigaciones para que este caso no quede en la impunidad. Enviamos un mensaje de solidaridad a su familia”, expresó el exministro de Relaciones Exteriores en la red social.
Al igual que Murillo, la congresista María del Mar Pizarro cuestionó el procedimiento de la Policía. Según precisó, las actuaciones de los uniformados podrían constituir una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, indicó que el uso del taser por parte de los policías es problemático porque, a su juicio, es “un elemento de brutalidad”. Afirmó que, según denuncias, ese instrumento habría sido utilizado por los uniformados pese a que no había necesidad.
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“Claramente hay una dimensión de discriminación racista, de acuerdo con lo denunciado por la familia de la víctima. Si no hay responsabilidad individual, estatal e institucional en este caso, abrimos la puerta a la brutalidad de Estado en Colombia”, añadió.
El legislador Óscar Benavides también rechazó las acciones de la Policía, que son materia de investigación, y aseguró que, presuntamente, Donovan Balanta habría muerto debido a la “brutalidad policial”. Informó entonces que citará a un debate de control político para que se conozca la verdad sobre el caso.
“Durante años, mi comunidad ha tenido que enfrentar el abuso de poder y el perfilamiento racial que nos mata. Por eso, esta semana anunciaré un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, con un enfoque diferencial y étnico”, indicó.
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