El expresidente de la República, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones atribuidas al testigo de la DEA Juan Fernando Álvarez Meyendorff, a quien vinculó con la Junta del Narcotráfico, y afirmó que durante los 13 años que estuvo preso en Estados Unidos no existe “un solo rastro de su cercanía a mí”.
La reacción del líder de la oposición ocurrió tras las revelaciones de Semana sobre declaraciones de Álvarez Meyendorff, que habría asegurado que entregó $12.000.000.000 para una campaña de Petro. El presidente cuestionó que no se hubiera precisado si esa supuesta entrega se refería a una campaña presidencial o al Congreso de la República.
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Petro sostuvo que el caso no depende de facultades presidenciales, pues la extinción de dominio sobre los bienes del empresario no está entre sus competencias legales ni constitucionales. También negó haber intervenido en la Fiscalía General de la Nación, entidad que investiga a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos.
El exmandatario identificó a Álvarez Menderyoff como uno de los “capos invisibles” de Colombia y afirmó que su patrimonio, calculado por él en $2 billones, se habría formado mediante actividades ligadas a la cocaína desde su asociación con integrantes del cartel del Norte del Valle a finales de los años noventa.
Petro cuestionó la versión sobre una presión para impedir una declaración en Estados Unidos
Gustavo Petro planteó que la hipótesis expuesta por el narcotraficante invierte el sentido de los hechos. Al referirse a la versión según la que la pérdida de los bienes buscaba impedir su testimonio en Estados Unidos, escribió: “Creo que la situación es diferente: En sus trece años de prisión en Estados Unidos no me mencionó nunca ni hay un solo rastro de su cercanía a mí”.
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El expresidente colombiano afirmó que Álvarez Menderyoff fue capturado durante la administración del entonces fiscal Eduardo Montealegre y que la incautación de sus propiedades ocurrió 13 años después, en 2025. Según Petro, el hombre pretende recuperar bienes que considera propios pese al origen que les atribuyó.
A la par, cuestionó la denuncia según la que la fiscal general perseguiría esos activos por órdenes de la Presidencia. “El narco cree que tiene derecho a sus bienes por dos billones a pesar de la comisión de sus delitos para obtenerlos”, sostuvo Petro, antes de negar haber pedido favores o cargos en la Fiscalía.
En sus declaraciones, defendió la terna de mujeres que presentó para elegir a la fiscal general y señaló que no las conocía personalmente. Dijo que las seleccionó por su trayectoria en la defensa de derechos humanos, con el propósito de separar a la Fiscalía del poder presidencial y evitar su politización.
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La denuncia sobre USD 700 millones abrió preguntas sobre la incautación de activos
En su extenso mensaje, Gustavo Petro recogió la versión de que los bienes de Álvarez Menderyoff habrían sido entregados a una persona identificada como Chalala, quien presuntamente los vendió e invirtió los recursos en Estados Unidos. El presidente preguntó si la justicia de ese país incautó activos cercanos a USD 700.000.000.
“¿La justicia de los Estados Unidos habrá incautado estos bienes por cerca de USD 700 millones, o la incautación de bienes del narcotráfico solo opera en Colombia y no en los Estados Unidos?”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.
De acuerdo con Petro, la legislación colombiana establece que esos bienes debían pasar a custodia y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Añadió que las haciendas sujetas a extinción de dominio o ya extinguidas debían destinarse al campesinado, mientras que las viviendas debían convertirse en sedes de universidades públicas y cooperativas de producción.
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El expresidente aseguró que nunca recibió de la directora de la SAE información sobre la entrada de bienes de esa cuantía procedentes de un solo narcotraficante. También relacionó las acusaciones con su presión para que los activos decomisados al narcotráfico fueran entregados a la población.
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