Una acción popular busca frenar la ejecución del contrato suscrito por Colombia para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F y suspender los movimientos presupuestales relacionados con la operación. El recurso fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez, quien dirige sus pretensiones contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, el Dapre, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, se trata de la primera acción judicial conocida que busca intervenir directamente en la ejecución del negocio con la empresa sueca Saab. La demanda sostiene, con base en una respuesta oficial de la FAC, que el valor de la operación asciende a 3.135,5 millones de euros y que el contrato ya fue suscrito y se encuentra en etapa de ejecución.
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Acción popular cuestiona información financiera de los Gripen
El centro de la demanda no está en las características técnicas de las aeronaves, sino en la información relacionada con la financiación, el presupuesto y las condiciones de pago de la compra.
Rodríguez sostiene que el 20 de agosto presentó derechos de petición ante distintas entidades con el propósito de conocer las condiciones bajo las cuales se desarrollará financieramente el contrato. Entre los documentos solicitados estaban el cronograma de desembolsos, los estudios previos y de costo-beneficio, la minuta contractual y los soportes relacionados con las decisiones presupuestales que permitieron avanzar en la operación.
También pidió información relacionada con el aval fiscal del Confis, el Conpes 4155 y las autorizaciones de vigencias futuras, elementos que, según la demanda, hacen parte de los antecedentes presupuestales de la adquisición de los aviones de combate.
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana no entregó parte de la documentación solicitada al considerar que se encuentra sometida a reserva por razones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional. El accionante cuestiona que esa reserva se haya aplicado de manera general y plantea que debería establecerse una diferencia entre la información técnico-operativa de las aeronaves y los documentos de naturaleza financiera y presupuestal.
FAC confirmó soportes presupuestales, pero no entregó los documentos
Según la información recogida en la acción popular, la FAC confirmó la existencia de varios antecedentes relacionados con la financiación de la operación.
Entre ellos se encuentra un aval fiscal del Confis del 14 de agosto de 2025, el Conpes 4155 del 1.º de septiembre de 2025, un concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y una autorización de cupo de vigencias futuras del Confis.
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Sin embargo, de acuerdo con el demandante, esos documentos no fueron entregados como respuesta a sus solicitudes. La controversia se trasladó posteriormente al Ministerio de Defensa, que en un oficio fechado el 7 de septiembre señaló que “no es procedente el suministro de la información solicitada” y mantuvo el argumento de la reserva legal.
Rodríguez considera que tampoco en esa respuesta se habría precisado cuáles documentos están cobijados por la reserva y cuáles podrían ser divulgados por tratarse de información financiera o presupuestal.
Qué pide la demanda sobre el contrato de los 17 aviones Gripen
Además de solicitar acceso a la documentación, el abogado pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar la “suspensión inmediata y total de la ejecución del contrato”.
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La pretensión comprende los desembolsos, giros, autorizaciones de vigencias futuras y demás actuaciones relacionadas con la ejecución contractual, presupuestal o financiera de la operación. La solicitud plantea que esta suspensión se mantenga hasta que las entidades involucradas acrediten públicamente distintos aspectos de la financiación.
Entre ellos están el mecanismo específico de financiación, el costo financiero total de la operación y los intereses proyectados. También solicita información sobre el estado del trámite Conpes relacionado con la estructuración del crédito y un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda sobre la sostenibilidad fiscal de la operación.
De esta manera, la acción popular busca que el debate judicial abarque no solamente la ejecución del contrato, sino también la información que, según el demandante, permite establecer cómo se pagará la adquisición y cuál será su costo financiero.
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También solicitaron una medida cautelar de urgencia
La demanda incluye además una medida cautelar de urgencia para intentar detener provisionalmente la ejecución del negocio mientras el Tribunal estudia el caso y adopta una decisión definitiva.
La petición está dirigida a la FAC y a los ministerios de Defensa y Hacienda, con el propósito de que suspendan de manera inmediata cualquier desembolso, giro, autorización de vigencias futuras o actuación vinculada con la ejecución contractual, presupuestal o financiera.
El accionante plantea que, si el Tribunal no ordena la suspensión completa de la operación, se detengan al menos los desembolsos futuros, giros y vigencias futuras que todavía no se hayan perfeccionado.
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En paralelo, solicita que las entidades hagan públicas las condiciones de pago, el cronograma de desembolsos, el mecanismo de financiación, los intereses proyectados y el costo financiero de la operación, además de los documentos que respaldaron las decisiones presupuestales adoptadas para la compra.
El demandante también argumenta razones fiscales
Otro de los argumentos expuestos en la acción está relacionado con la situación fiscal del país y las necesidades derivadas del terremoto del 10 de agosto.
El accionante sostiene que mantener la ejecución de la adquisición sin que se conozcan públicamente elementos como el mecanismo de financiación, los intereses y el costo financiero total podría comprometer recursos en un momento en que el Gobierno debe atender las consecuencias económicas de la emergencia.
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Ese planteamiento corresponde a los argumentos presentados por el demandante dentro de la acción popular y deberá ser analizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La presentación del recurso no constituye por sí misma una decisión judicial sobre la legalidad, financiación o conveniencia del contrato.
El contrato para reemplazar los Kfir ya está en ejecución
La controversia se produce después de que Colombia avanzara en el proceso para reemplazar su actual flota de aviones Kfir mediante la adquisición de 17 aeronaves Gripen E/F a Saab.
Según la información citada por el diario a partir de la demanda y de una respuesta oficial de la FAC, el contrato ya fue suscrito y actualmente se encuentra en ejecución. El valor señalado en el expediente asciende a 3.135,5 millones de euros.
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