El magistrado Vladimir Fernández habría ‘cuadrado’ supuesta entrega de dineros con Olmedo López en el caso Ungrd: Fiscalía omitió pruebas en su contra

Mientras la justicia colombiana continúa investigando uno de los capítulos de corrupción más graves del país en el tiempo reciente, el del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd), en la mañana del domingo 13 de septiembre de 2026 se conocieron detalles de una presunta omisión de la Fiscalía General de la Nación.

Según información conocida por la revista Cambio, existen pruebas sobre unos chats que se dieron el 9 de enero de 2024 y que involucrarían otros nombres cercanos al partido Pacto Histórico.

En el contenido del chat se reconstruirían seis horas de llamadas y mensajes que conectan a Sneyder Pinilla, Olmedo López y al magistrado Vladimir Fernández con una presunta entrega de dinero a la abogada Irma Solangel Torres, un episodio que el ente acusatorio no investigó dentro del caso.

Los mensajes muestran que Pinilla escribió antes de viajar a Bogotá que tenía que “entregar $”, habló seis veces con López entre las 4:00 p. m. y las 5:30 p. m., y recibió por esa cadena la dirección del apartamento 112 de la torre 2 donde vive Torres. Esos datos los habría enviado Fernández a López, y la secuencia ubicaría la presunta entrega entre las 5:49 p. m, y las 5:59 p. m., aunque los chats no permiten establecer si el dinero se entregó ni con qué propósito.

El episodio se concentra en la tarde del 9 de enero, cuando Pinilla avisó a su pareja que debía ir a “entregar $”. Antes de despegar, escribió a Miguel, conductor de la Ungrd: “ya a volar”, señalan los chats revelados por Cambio.

Ante el mensaje del exsubdirector de la entidad, el conductor respondió: “listo, pendiente, gracias”. Después de aterrizar en Bogotá, Pinilla y López hablaron seis veces por teléfono entre las 4:00 p. m. y las 5:30 p. m.

A las 5:35 p. m. apareció Vladimir Fernández en los chats, cuando López le escribió: “Recuérdeme el apartamento”. Para entonces, Pinilla y Miguel, presuntamente, ya habían llegado al barrio Pablo VI en el occidente de Bogotá.

Los mensajes señalarían que ni López ni Pinilla tenían claro quién recibiría el presunto dinero ni el número exacto del apartamento. Por eso cruzaron consultas para precisar el destino.

A las 5:47 p. m., el chat identificado con el nombre de Fernández le envió a López por WhatsApp los datos: “Primer piso. La señora Sol. 112. torre 2”. Dos minutos después, López reenvió a Pinilla “Torre 2” y, 20 segundos más tarde, “112”.

Sin embargo, según el expediente revelado por la revista Cambio, ese último mensaje salió desde otra línea telefónica distinta a la del magistrado Fernández. A las 5:50 p. m., Fernández habría pedido una respuesta con un signo de interrogación y, tras una llamada con Pinilla, López contestó que el subdirector ya estaba “en sitio”.

La reconstrucción ubica la presunta entrega en una ventana de 10 minutos, entre el momento en que Pinilla recibió el número del apartamento y el mensaje “hola” que, a las 5:59 p. m., le llegó desde el contacto de Solangel. Pinilla guardó ese número y respondió “listo”.

Más tarde, entre las 6:47 p. m. y las 8:14 p. m., López y Pinilla cerraron esa jornada con otras cinco llamadas. Mientras tanto, según información conocida por la revista, un certificado de tradición y libertad confirma que Torres es propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, donde llegó el exsubdirector de la Ungrd.

La explicación de la Fiscalía y las objeciones jurídicas

Ante la polémica, la fiscal María Cristina Patiño, titular del caso Ungrd, explicó a Cambio que en la negociación con Pinilla se pactó una “extracción controlada” de sus teléfonos, ajustada a una matriz de colaboración con 27 nombres, entre ellos el de López. Según esa versión, la ley le impedía usar contenido que no hubiera quedado incluido de forma expresa en el acuerdo.

Esa explicación chocó con la opinión de cuatro exfiscales generales consultados por esa revista. Los exjefes del ente acusador coincidieron en que la Fiscalía fija las condiciones de una negociación de ese tipo y que no era justificable omitir copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuando el involucrado era un aforado como Fernández.

Uno de ellos sostuvo que esas conversaciones no podían pasarse por alto. Añadió que, ante un posible hallazgo casual, la Fiscalía debía preservar la prueba, compulsar copias y abrir una investigación independiente si los indicios surgieron de forma lícita en otro expediente.

El episodio ocurrió mientras la Corte Suprema de Justicia se preparaba para elegir fiscal general a partir de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro. Fernández participó en la conformación de esa lista cuando era secretario jurídico de la Casa de Nariño y tuvo un papel determinante a favor de Luz Adriana Camargo.

Ante las pruebas, Fernández dijo primero que no recordaba el episodio y, al día siguiente, entregó una explicación a Cambio. Señaló que en diciembre de 2023 habló con López en la Casa de Nariño, cuando este le manifestó su preocupación por una posible suspensión de la Contraloría, y que por eso le recomendó a Torres como abogada y le envió la dirección de su apartamento.

Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, afirmó que ni él ni su cliente tienen que explicar, dentro de un principio de oportunidad, una supuesta omisión construida con información que no verificaron. José Moreno, defensor de López, respondió que la Fiscalía definió cuáles hechos debían incluirse en ese mismo trámite.