La Cancillería y familiares de colombianos detenidos en Venezuela revisaron la situación de cerca de 20 conacionales retenidos tras las elecciones de 2024, durante una reunión en el Palacio de San Carlos. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, afirmó que los detenidos no tienen cargos imputados ni un proceso vigente, lo que podría vulnerar las normas internacionales.
El régimen venezolano ha obstaculizado el acceso a la atención consular y a información sobre la situación jurídica de los detenidos. La Cancillería y el exembajador Rengifo enviaron más de 20 notas verbales a las autoridades del país vecino para solicitar respuestas; en mayo de 2025 se autorizaron llamadas telefónicas desde el centro penitenciario El Rodeo en las que los colombianos informaron a sus familias que estaban privados de la libertad.
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Roa Arboleda explicó que el encuentro estuvo orientado a escuchar las inquietudes de los familiares y reforzar la comunicación directa con ellos. “La importancia de esta reunión radicó en varios puntos. El primero de ellos era establecer un puente de comunicación con las familias y expresarles la solidaridad del Gobierno nacional frente al dolor que están atravesando”, afirmó.
El viceministro indicó que las familias expusieron casos que describió como dolorosos durante la reunión. También dijo que las autoridades analizaron alternativas para atender la situación de los ciudadanos retenidos.
“El Gobierno tiene el compromiso de velar por el bienestar de todos los connacionales en el exterior”, afirmó Roa Arboleda. Añadió que la Cancillería trabaja en la defensa de los intereses de los colombianos fuera del país.
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Por su parte, Germán Vargas Navarrete, representante de varias familias, valoró la disposición de los funcionarios. Vargas es tío de Wilson Javier Vargas Jiménez, que recuperó la libertad el 24 de octubre de 2025 junto con otros 16 colombianos, en la única liberación grupal registrada desde que el gobierno anterior comenzó las gestiones para lograr la salida de los connacionales.
“Mi sobrino estuvo detenido y secuestrado por el gobierno venezolano seis meses. Estuvo en una cárcel en Caracas, en el Rodeo I. Fue torturado, fue secuestrado y afortunadamente a través de contactos pudimos hace un año traerlo nuevamente a Colombia”, dijo Vargas. También señaló que no todas las familias cuentan con personas capaces de establecer contacto con la Cancillería para informar sobre su situación.
Estos serían los primeros venezolanos expulsados de Colombia tras la orden de Abelardo de la Espriella
Dos ciudadanos venezolanos, detenidos durante un operativo en Itagüí podrían convertirse en los primeros extranjeros expulsados del departamento de Antioquia en aplicación de la nueva política migratoria del Gobierno nacional. Migración Colombia adelanta el trámite administrativo que definirá si procede la medida.
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Los hombres integran un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros capturados durante un procedimiento realizado en ese municipio del Valle de Aburrá.
De acuerdo con la información divulgada por parte de las autoridades, se investiga un posible incumplimiento de la legislación colombiana, indicó un informe de Canal 1.
El alcalde de Itagüí, Diego Torres, confirmó las detenciones e indicó que los cuatro extranjeros serán puestos a disposición de Migración Colombia, entidad encargada de examinar su estatus y tomar la decisión que corresponda.
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“Logramos la captura de cuatro ciudadanos extranjeros, de ellos venezolanos, que están incumpliendo la ley colombiana”, declaró el mandatario local.
Torres señaló que el procedimiento contó con la articulación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno de Estados Unidos.
“Logramos su identificación y serán expulsados de nuestro territorio por parte de Migración Colombia”, agregó el mandatario local.
No obstante, esta acción no se ha materializado y, de momento, las autoridades deben completar la actuación administrativa, revisar la situación particular de cada detenido y determinar si se cumplen las causales previstas en la legislación migratoria.
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