Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas alertó amenazas de muerte en el Catatumbo: ya tramitó más de 8 denuncias

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, denunció haber recibido una nueva amenaza de muerte atribuida a las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

El hecho se dio a conocer el 30 de agosto a través de la red social X, donde Mayorga señaló que los grupos armados ilegales mantienen su presión sobre líderes sociales y víctimas del conflicto armado en la zona.

De acuerdo con la información difundida, la amenaza estaría vinculada a recientes declaraciones de Mayorga relacionadas con la extradición de alias Mocho Olmedo. El líder social pidió que el exmiembro del Frente 33 de las disidencias de las Farc confesara sus crímenes antes de ser entregado a la justicia internacional.

“Por estos pronunciamientos, las disidencias las Farc nos amenazan de muerte en el Catatumbo, llevo más de 8 denuncias ante la Fiscalía de amenazas, de dos atentados y el gobierno pasado no hizo nada. Jamás nos vamos a arrodillar a los bandidos. Dios nos cuide”, afirmó Mayorga.

En un video difundido tras la denuncia, el dirigente de la Asociación Nacional de Víctimas expresó que la extradición de alias Mocho Olmedo representa un alivio parcial para las víctimas en la región.

“Para nosotros como Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, hemos visto con buenos ojos la extradición de alias el Mocho Olmedo. Recordemos que este sujeto hizo parte del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo y también participó en la confrontación armada que se lleva en esta región del país desde el mes de enero del año 2025”, declaró.

Mayorga explicó que, aunque la captura del excombatiente genera tranquilidad, persiste la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Con la extradición, las víctimas sentimos un poco de tranquilidad al ver que ya no hay un victimario encima de esta región del país. Sin embargo, es importante manifestar que sería bueno que antes de ser extraditado, las víctimas contáramos con verdad, justicia y reparación. Conocer qué ha pasado con la gran cantidad de personas secuestradas en la región del país, que al día de hoy no han sido entregada a sus familias. Es importante que antes de ser extraditado esta persona manifestara dónde están los campos minados que han cobrado muchas vidas de la población civil en la región del Catatumbo”, sostuvo el líder de víctimas.

Hasta la fecha, Olguín Mayorga ha presentado más de ocho denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra y ha sobrevivido a dos atentados. El líder social reiteró su solicitud para que las autoridades nacionales brinden protección efectiva a quienes defienden los derechos de las víctimas en el Catatumbo.

La desaparición forzada sigue afectando a Colombia: Defensoría del Pueblo alerta sobre aumento de casos en 2026 en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Por su lado, la Defensoría del Pueblo advirtió que la desaparición forzada continúa como un fenómeno persistente en Colombia, al registrar 2.145 casos de atención entre enero y agosto de 2026, una cifra cercana a superar el total de 2025. De acuerdo con el organismo, el universo de personas desaparecidas en el país asciende a 137.000, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

En el primer semestre del año, la Defensoría recibió 244 declaraciones relacionadas con desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado. La entidad identificó riesgos asociados a disputas por economías ilícitas, reclutamiento de menores, trata de personas y rutas migratorias, con especial atención en zonas como Darién, Norte de Santander y San Andrés.

La Defensoría hizo un llamado urgente a proteger cementerios afectados por el sismo de magnitud 7.4 en San José del Palmar (Chocó), donde reposan cuerpos de personas desaparecidas. La entidad reiteró que la búsqueda de desaparecidos es un derecho para las víctimas y sus familias, y una obligación estatal que no requiere denuncia previa ni espera de 72 horas para activar protocolos.