La Procuraduría General de la Nación pidió el 27 de agosto de 2026 a siete alcaldías de Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias porque esos municipios aún no tienen el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos, en un departamento que declaró la calamidad pública tras una ola de fuegos que desbordó su capacidad de respuesta.
La emergencia deja más de 50.000 hectáreas afectadas y más de 2.600 agricultores golpeados, con 23 municipios y 507 veredas asediados por los incendios. La declaratoria habilita apoyo adicional del Gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Sistema Nacional de Gestión de Desastres (Sngrd).
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El requerimiento del Ministerio Público fue dirigido a los alcaldes de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica. De acuerdo con la información conocida por el organismo, esas administraciones todavía no cuentan con el instrumento contractual que garantiza la prestación del servicio de bomberos.
“El requerimiento preventivo se originó en la información conocida durante una reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, según la cual los municipios de Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, no cuentan aún con el convenio necesario para garantizar la atención de incendios y rescates”, señaló el organismo del Estado.
En efecto, pidió adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para asegurar la capacidad de respuesta. Al mismo tiempo reclamó mecanismos temporales de atención mientras se formalizan los convenios pendientes.
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“La Procuraduría advirtió que las actuales condiciones hidrometeorológicas del Tolima incrementan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió adoptar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales y contractuales necesarias, así como mecanismos de contingencia mientras se formaliza la prestación del servicio”, puntualiza el comunicado.
Uno de los compromisos del Ministerio Público, según expuso, es continuar “con el seguimiento preventivo para salvaguardar los derechos de la comunidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las emergencias que puedan presentarse en el territorio”.
Plan de reconstrucción en el Tolima que planteó el Gobierno de Abelardo de la Espriella
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció el 24 de agosto de 2026 la puesta en marcha de “Compromiso Tolima”, un plan del Gobierno nacional para atender a productores y familias rurales afectados por los incendios forestales en el departamento, con medidas que van desde ayuda para el sector ganadero y acceso al agua hasta alivios financieros y recursos para 343 viviendas rurales.
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El plan será coordinado por Arturo Adolfo Dajud, viceministro de Asuntos Agropecuarios, que tendrá a su cargo la articulación de las acciones de la cartera con la Gobernación, las alcaldías, los productores y el sector empresarial. La meta oficial es atender las necesidades inmediatas en las zonas golpeadas por las conflagraciones y después avanzar en la recuperación de la capacidad productiva del campo tolimense.
Una de las primeras medidas será el suministro de heno para pequeños ganaderos afectados. El objetivo es garantizar alimento para los animales en medio de las pérdidas causadas por el fuego.
El plan incluye agua, alivios de deuda y viviendas rurales
La estrategia también prevé la construcción de pozos profundos con sistemas de bombeo y energía solar para recuperar y asegurar el acceso al agua en las zonas rurales afectadas. El fenómeno ha generado incendios en varios departamentos.
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En el frente financiero, el Ministerio de Agricultura anunció el congelamiento y reperfilamiento de la cartera agropecuaria hasta diciembre de 2026. La medida orientada a aliviar las obligaciones de los productores damnificados mientras sus actividades enfrentan las consecuencias de los incendios y avanzan las acciones para restablecer las condiciones de producción.
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