El concejal José Cuesta denunció un presunto riesgo de detrimento patrimonial por más de $360.000 millones en la adquisición del predio destinado al Patio Taller de la Segunda Línea del metro de Bogotá, tras una investigación que revela un incremento atípico en el avalúo del lote ubicado en la localidad de Suba.
Según la denuncia, el valor del predio pasó de poco menos de $6.000 millones en 2021 a $361.777 millones en 2025, un aumento acumulado superior al 6.000% en apenas cuatro años, sin una explicación técnica que justifique tal valorización.
La alerta se centró en la evolución del avalúo catastral: en 2017 el predio estaba avaluado en $5.868 millones, cifra que se mantuvo estable hasta 2022. Sin embargo, en 2023, el valor se disparó a $68.598 millones y, para 2025, alcanza los $361.777 millones.
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El valor del metro cuadrado subió de $28.553 en 2016 a $1.760.367 en 2025, lo que representó un incremento del 6.000% en menos de una década. En palabras del concejal, “es un incremento atípico del seis mil por ciento”, situación que calificó de escandalosa y que, a su juicio, se dio a espaldas de la normatividad ambiental y urbanística vigente.
Preguntas críticas sobre la justificación técnica y restricciones ambientales
La investigación de Cuesta, basada en información catastral, urbanística, ambiental y societaria, cuestiona los criterios utilizados para calcular el nuevo valor del lote de 20,55 hectáreas. Parte del aumento se atribuye a la transición normativa del Decreto 190 de 2004 al Decreto 555 de 2021 y a cambios en las condiciones urbanísticas, pero el concejal insiste en que un salto de más de $355.000 millones en cuatro años requiere una explicación técnica y verificable.
El predio, además, enfrenta limitaciones físicas y ambientales: parte de su área está relacionada con la ronda del río Bogotá, la Zona de Manejo y Preservación Ambiental y la Estructura Ecológica Principal. Cuesta advierte que deben explicarse con detalle las áreas realmente aprovechables, la edificabilidad y el desarrollo inmobiliario que sirvió de base para el avalúo, especialmente ante la ausencia de predios comparables y las restricciones de acceso.
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La administración del lote está bajo Alianza Fiduciaria, que actúa como vehículo financiero de Valesmas S.A.S., un holding domiciliado fuera del país y controlador de empresas constructoras. El concejal puso de relieve que la gestión del predio no recae directamente en Valesmas, sino en una estructura fiduciaria, y alertó sobre la falta de transparencia en la operación.
Cronología de los avalúos y cuestionamientos sobre el método
La denuncia documenta el siguiente histórico de avalúos catastrales para el predio:
- 2017-2021: Valores estancados entre $5.548 y $5.968 millones.
- 2022: $6.658 millones.
- 2023-2024: Salto a $68.598 millones.
- 2025: Explosivo aumento a $361.777 millones.
- 2026: Reducción a $288.171 millones.
De acuerdo con la investigación, la variación del valor por metro cuadrado pasó de $333.787 a $1.760.350 entre 2024 y 2025, un incremento del 427,39 % en solo un año. El concejal Cuesta cuestionó la ausencia de explicaciones técnicas sólidas sobre el método residual utilizado por Catastro, que según la Resolución 1040 de 2023 del Igac, debe incorporar las particularidades ambientales y territoriales del predio.
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“La pregunta es: ¿qué intereses turbios han permitido adelantar esta escandalosa y atípica avaluó catastral por parte de Catastro?”, enfatizó Cuesta.
Contraste con la reforma tributaria y prioridades de gasto
La denuncia cobra mayor relevancia ya que la Administración Distrital radicó el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, que propone una reforma tributaria para recaudar $1,2 billones destinados al alumbrado público inteligente. Para Cuesta:
“No es admisible exigirles un mayor esfuerzo económico a los bogotanos mientras se contemplaba destinar más de $360.000 millones a un inmueble con una valorización de esta magnitud y todavía sin explicaciones técnicas suficientes”.
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El concejal subrayó que la discusión no es solo sobre impuestos, sino sobre eficiencia, transparencia y prioridades en el uso de los recursos públicos. “Antes de cobrar más a los bogotanos: ¡exijamos explicaciones sobre cómo se está gastando su plata!”, reclamó Cuesta.
Solicitud de control y actuaciones institucionales
Cuesta anunció que toda la información y los documentos obtenidos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría, Personería Distrital y Veeduría Distrital, para que estas entidades adelanten las investigaciones pertinentes.
El exministro de Hacienda, Germán Ávila, también manifestó en octubre de 2025 su preocupación sobre la negociación del predio, solicitando un análisis más riguroso sobre la evolución del avalúo y la metodología aplicada.
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La Empresa Metro de Bogotá, la Alcaldía Mayor y Catastro Distrital deberán responder quién fijó el valor del predio, qué áreas fueron consideradas aprovechables, qué metodología se aplicó y cuáles fueron los supuestos técnicos para pasar de un avalúo de menos de $6.000 millones a más de $361.000 millones en apenas cuatro años.
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