Un grupo de ciudadanos encaró al hombre, frenó su recorrido y soltó al canino que iba amarrado con una cuerda, mientras le advirtieron sobre posibles consecuencias penales y conservaron el video como prueba - crédito X
La comunidad de Pitalito, en el departamento de Huila, expresó indignación tras la difusión de videos que documentan dos casos de presunto maltrato animal ocurridos en la región.
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran episodios de violencia hacia perros e impulsaron un reclamo colectivo para identificar a los responsables y exigir sanciones según la legislación vigente.
Jóvenes intervienen para salvar a cachorro atado a una bicicleta
El primero de los casos ocurrió en una carretera de Pitalito, donde un grupo de jóvenes se percató de que un ciclista arrastraba a un cachorro. El perro iba atado con una cuerda a la bicicleta, lo que generó alarma entre quienes presenciaron la escena.
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Según los videos publicados en redes sociales, los ciudadanos increparon al hombre y detuvieron su marcha para liberar al animal. Durante el enfrentamiento, una joven le reclamó al ciclista: “Lo está ahorcando, mire cómo lleva los ojitos el pobre perro”.

Otro testigo le recriminó: “Uno tiene los animales pa’ cuidarlos. Mire cómo lo lleva babeando. Mire cómo lleva el perrito. No, señor. Esto yo lo voy a hacer viral para que miren cómo está. ¡No! ¿Cómo se le ocurre llevar un perrito arrastrando?”.
Finalmente, los ciudadanos lograron rescatar al cachorro y advirtieron al sujeto sobre las consecuencias legales de sus actos. “¿Usted no sabe que eso tiene cárcel? Y yo tengo esta evidencia”, agregó una de las jóvenes, según el audiovisual difundido.
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Otro perro fue arrastrado por una motocicleta en zona rural
El segundo caso involucra a un motociclista que fue grabado mientras arrastraba a un perro atado con una soga por una vía rural en la vereda Hacienda Laboyos, también en el municipio de Pitalito.
Las imágenes, difundidas por la cuenta oficial de Alegato Juristas, muestran al animal siendo arrastrado por el suelo y evidenciando lesiones graves, incluyendo rastros de sangre y problemas en la piel y articulaciones.
Imágenes difundidas por redes sociales muestran a un hombre trasladando a un canino atado a su motocicleta, mientras la comunidad busca al responsable y exige la intervención de las autoridades según la ley Ángel - crédito alegato_juristas / Instagram
Al notar que era grabado, el conductor detuvo la motocicleta y alegó no haberse percatado de la situación del perro. Según la narración de la ciudadana que intervino en el hecho, el hombre tomó al animal y lo ubicó en la canasta trasera de la moto, asegurando nuevamente la cuerda antes de retirarse del lugar.
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Hasta el momento, según información de Alegato Juristas, el paradero del perro y del responsable sigue siendo desconocido. La organización hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita ubicar al canino y formalizar la denuncia.
Organizaciones como Alegato Juristas han insistido en la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración comunitaria para la protección de los animales. “Necesitamos ubicar al hombre y, especialmente, encontrar al perrito para interponer la denuncia y solicitar su aprehensión material preventiva, conforme a la ley Ángel”, expresaron desde la organización.
La comunidad exige aplicación de la Ley Ángel
Estos hechos motivaron que habitantes de Huila y organizaciones defensoras de animales exijan la aplicación estricta de la Ley Ángel, que establece sanciones severas para quienes cometan actos de maltrato animal.
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Esta normativa incrementa las penas de prisión para los responsables de lesiones graves o muerte de animales, estableciendo condenas superiores a tres años. Además, fija multas entre 15 y 60 salarios mínimos en Colombia, dependiendo de la gravedad del daño causado.
La Ley Ángel también contempla nuevos agravantes, incluyendo la violencia vicaria —cuando un animal se utiliza para causar daño emocional a una persona—, así como penas accesorias como la prohibición de tener animales e inhabilidades para ejercer profesiones relacionadas con su cuidado.
Asimismo, exige la creación de un registro nacional de personas condenadas por delitos contra animales, administrado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
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