Una pugna jurídica y administrativa mantendría en vilo el control de Comfenalco Antioquia y la gestión de cerca de 1 billón de pesos destinados a los trabajadores afiliados.
Según información que pudo conocer Infobae Colombia, la disputa enfrenta a la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención y un grupo de directivos y afiliados que han recurrido a acciones legales para frenar las medidas adoptadas por el interventor.
El conflicto al interior de una de las cajas de compensación familiar de los antioqueños surgió tras la intervención administrativa total dictada por la Superintendencia mediante la Resolución No. 0789 del 15 de septiembre de 2023. La medida fue acompañada por la designación de Fabián Mayor como agente especial de intervención, como parte de una revisión de los procesos de intervención en este tipo en entidades en el territorio nacional.
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El alcance de la intervención a Comfenalco Antioquia
La intervención sobre Comfenalco Antioquia se justificó por la situación crítica detectada en la entidad. Según pudo conocer esta redacción, la administración actual habría convocado de manera apresurada una asamblea general con el objetivo de mantener el control sobre los recursos de la entidad de subsidio familiar, en medio de una crisis institucional de alto alcance, que incluso puso sobre la lupa lo que sería el interés de la pasada administración de Gustavo Petro.
El presupuesto de la caja de compensación para 2026 asciende a $974.707.394.263, una suma que se encontraría en riesgo directo por la disputa de poder. La intervención busca garantizar la transparencia en el manejo de estos fondos de los trabajadores y evitar posibles irregularidades administrativas. Por su parte, habría $970.667.925.788 en costos y gastos, con un resultado proyectado de $4.039.468.474; en recursos que estarían en disputa.
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Como una de sus primeras medidas, el agente interventor solicitó información sobre la situación financiera, jurídica y administrativa de la administradora del subsidio familiar, y ordenó suspender la asamblea citada por los directivos. Para dicha suspensión se argumentó, entre otras razones, la declaratoria de calamidad nacional y la necesidad de efectuar un balance antes de tomar decisiones de fondo sobre lo que sería el futuro de la entidad.
Esta suspensión generó el rechazo inmediato de algunos sectores internos. Juan Pablo Morales Calle, director administrativo suplente, inició acciones jurídicas como un recurso de reposición contra la Resolución No. 0656 del 19 de agosto de 2026 y un derecho de petición, con el aparente objetivo de dilatar la gestión del interventor.
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Las acciones judiciales al interior de la caja de compensación
En paralelo, tres acciones de tutela fueron interpuestas por distintos actores vinculados a la entidad. Cindy Yuliana Ríos, de la Asociación Sindical de Salud Famysalud, presentó tutela contra la suspensión de la Asamblea y la designación del interventor, admitida por el Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín; mientras que Jhon Fredy Ríos Arboleda, representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Heliconia, presentó tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia.
Por su parte, el juez Ricardo Efraín Noguera Hernández ordenó, como medida provisional, mantener la fecha y el orden del día de la Asamblea prevista para el 31 de agosto de 2026. Vicente de Jesús Arcila Giraldo interpuso tutela por supuesta omisión de respuesta a una solicitud de revocatoria directa, radicada en el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín; en decisiones judiciales que han incidido en la administración de la caja de compensación.
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Desde la perspectiva del agente interventor y funcionarios del Gobierno, la realización de la Asamblea sin un balance previo podría poner en riesgo la administración de los recursos de los trabajadores, dada la magnitud del presupuesto comprometido para la presente vigencia.
Durante la anterior administración y bajo la intervención, se suscribió una convención colectiva que otorga a los directivos de Comfenalco Antioquia una suma superior a 1.000 millones de pesos en caso de desvinculación. Esta cláusula contractual, según el documento consultado por Infobae Colombia, dificultaría la remoción de los directivos y podría ser utilizada para evadir el control de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
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El caso ha generado pronunciamientos de actores políticos, que advirtieron sobre el riesgo de cooptación de la Caja; por tal motivo han anunciado denuncias penales y acciones disciplinarias contra los que resulten implicados en maniobras para apropiarse de los recursos de los trabajadores, así como contra autoridades que faciliten dicho proceso. La materialización y resultado de estas denuncias están pendientes de verificación.
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