Congresistas del partido Centro Democrático presentaron formalmente ante el Congreso de la República un paquete de reformas legislativas, dentro del cual destaca una propuesta para que las negociaciones de paz con grupos armados organizados requieran el aval previo de la mayoría absoluta del órgano legislativo antes de su inicio.
La iniciativa fue promovida por los congresistas Jonathan Pineda y Óscar Villamizar, junto con la bancada de la colectividad. El propósito central de esta norma es restringir que las decisiones en materia de seguridad nacional queden a potestad exclusiva del gobierno de turno.
El proyecto de ley fija prohibiciones expresas sobre las estructuras que podrían eventualmente acceder a un proceso de diálogo. La propuesta busca declarar inconstitucional cualquier acercamiento con organizaciones que hayan incurrido en violaciones a las leyes penales y al derecho internacional.
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En relación con las restricciones fijadas en el texto, el senador Óscar Villamizar señaló en un comunicado en conjunto: “Será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como homicidios contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, secuestro, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión u otros delitos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual, además de quienes hayan cometido delitos que tengan como víctimas menores de edad”.
Propuesta de derogación de la Paz Total que fue promovida por Gustavo Petro
Dentro del bloque enfocado en la seguridad del país, el partido opositor incluyó la derogación de la Ley 2272 de 2022, conocida como la política de Paz Total, con la intención de estructurar un marco diferente para el relacionamiento con los grupos al margen de la ley.
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Cabe destacar que esta política buscó reducir la violencia mediante negociaciones y diálogos con distintos grupos armados ilegales, incluyendo organizaciones insurgentes y estructuras criminales.
La estrategia pretendía avanzar simultáneamente en acuerdos de paz con algunos grupos y procesos de sometimiento a la justicia con otros, con el objetivo de disminuir la violencia en los territorios y avanzar hacia una paz más amplia en Colombia.
Sin embargo, desde sectores de la derecha calificó la Paz Total como un “fracaso” porque considera que los diálogos y ceses al fuego con distintos grupos armados no lograron traducirse en una reducción sostenida de la violencia y, en algunos territorios, estuvieron acompañados por un fortalecimiento de estructuras ilegales.
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Sus críticos también cuestionan que el Gobierno haya suspendido operaciones militares o reducido la presión sobre estos grupos sin obtener a cambio avances suficientes en su desmovilización, mientras persistieron hechos como desplazamientos, confinamientos, extorsiones y disputas territoriales.
Sobre los efectos de la normativa vigente, el representante Jonathan Pineda manifestó en el comunicado que: “En la realidad fueron contraproducentes y pusieron en peligro la vida de miles de personas, generaron limbos judiciales frente a límites de suspensiones de órdenes de captura y la imposibilidad de que la fuerza pública cumpliera con su obligación de proteger a los colombianos por los ceses al fuego que firmó el gobierno sin mecanismos de monitoreo y verificación”.
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El proyecto sobre diálogos de paz hace parte de un conjunto de siete iniciativas radicadas por el Centro Democrático, las cuales abarcan temas de seguridad, sector energético y desarrollo para el campo colombiano.
Creación de organismo minero-energético
En cuanto a la política energética, la bancada plantea la conformación de la Comisión de Política Minero-Energética, concebida como la máxima autoridad encargada de trazar las directrices del sector a largo plazo para asegurar la estabilidad del suministro y reglas jurídicas claras.
Frente a la importancia de esta medida, el senador Villamizar expresó: “Colombia no puede volver a quedar en riesgo de apagón o con golpes directos a los bolsillos de las familias por los precios más altos de la gasolina en el continente debido a las decisiones irresponsables de un gobierno”.
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La bancada sostuvo que esta comisión busca evitar contingencias en la prestación del servicio de energía y fluctuaciones en los costos de los combustibles que afecten a los usuarios.
Planes para infraestructura vial y educación rural
Las iniciativas restantes del paquete legislativo abordan la conectividad y el acceso a la educación en las zonas rurales del país. La primera de ellas busca establecer fuentes fijas de financiación para la red de vías terciarias en los municipios.
De acuerdo con los autores, el mejoramiento de los caminos veredales es indispensable para que los productores agrícolas puedan transportar sus cosechas hacia los mercados urbanos y se incremente la competitividad en las regiones.
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Por otro lado, la bancada propuso la creación del Fondo de Transporte Escolar Rural. Este mecanismo asignará recursos económicos permanentes para cubrir el traslado diario de niños, niñas y adolescentes que residen en áreas alejadas hasta sus centros educativos.
Tras la radicación formal del paquete de proyectos por parte del Centro Democrático, las iniciativas iniciarán su trámite correspondiente en las comisiones legislativas del Congreso.
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