Aunque miles de aspirantes profesionales del país vieron en la promesa de Abelardo de la Espriella de crear un banco de talentos del Gobierno para entregar los cargos directivos, operativos y técnicos en las principales instituciones del país a los ‘nunca’ y evitando las famosas “palancas”, todo parece indicar que la iniciativa aún no despega como se tenía previsto.
De hecho, aunque la plataforma creada por el Ejecutivo ya reunió más de 270.000 hojas de vida, en los cerca de 300 nombramientos iniciales de la administración solo una de las 18 jefaturas de cartera provino de esa convocatoria, mientras ganaron espacio aliados políticos, funcionarios con trayectoria pública y antiguos miembros del bufete del mandatario.
El banco de talentos de la nueva administración ha tenido un reflejo limitado en los primeros nombramientos. De los 18 ministros, solo Claudia Benavides llegó al gabinete por esa iniciativa, y en la revisión de los primeros 90 cargos altos, 42 correspondieron a personas con experiencia previa en el Estado y 17 pasaron directamente de un puesto público a otro, según información revelada por la revista Cambio.
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Tres semanas después de su victoria electoral, De la Espriella lanzó la plataforma con la promesa de convocar a ciudadanos “sin palancas ni barreras”. El registro exigía cargar la hoja de vida para una evaluación apoyada en inteligencia artificial sobre experiencia, formación y capacidades.
“Durante años nos hicieron creer que para servirle al país valían más las influencias y las recomendaciones que el mérito. Hoy eso cambia”, señaló en su momento De la Espriella. También prometió incorporar a “colombianos que nunca han sido tenidos en cuenta por gobiernos anteriores”.
En ministerios, viceministerios y principales despachos sobresale la presencia de Defensores de la Patria. De ese partido salieron el vicepresidente José Manuel Restrepo; Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio; Rodrigo Lara, ministro del Interior; Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa; Valerie Lafaurie, consejera para las Regiones; Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia.
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La integración del gabinete también reservó espacio para figuras del activismo digital que amplificaron el mensaje del abelardismo en campaña. Ahí figuran Ómar Bula, canciller; Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y Ana María Abello, viceministra de Economía Cultural y Creativa.
El reparto de ministerios también reflejó el reconocimiento a aliados tempranos. El partido Creemos recibió las carteras de Trabajo y Deporte, la misma cuota del Centro Democrático, que obtuvo Cultura y Agricultura, pese a que la bancada uribista tiene 45 parlamentarios más.
La experiencia estatal se impone sobre la promesa de renovación
Aunque el Gobierno redujo el bogocentrismo con una tercera parte del gabinete procedente de la Costa Caribe y representación de nueve departamentos, esa diversidad territorial no se tradujo en una entrada visible de perfiles del banco de talentos. La promesa de “gobernar con los nunca” convivió con designaciones de figuras con más de una década de paso por entidades públicas.
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Uno de esos casos es Miguel Gómez, ministro de Hacienda. El hoy funcionario fue vicecontralor general de la República entre 1994 y 1996, presidente de Bancóldex entre 1998 y 2002 y embajador de Colombia entre 2003 y 2006.
En el Ministerio de Cultura aparece Julián Sterling Olave, secretario general, con más de 15 años como contratista o asesor de entidades públicas. Según una revisión de datos de la revista Cambio, desde 2011 pasó por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Dapre y algunas dependencias de la Alcaldía de Bogotá.
La misma lógica favoreció a Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, vinculado a esa cartera desde 2015. A la vez, esa valoración de la experiencia no benefició a Carlos Sepúlveda para la dirección del DNP.
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En los altos cargos también se advierte el peso de casas políticas regionales y de trayectorias partidistas. Cambio Radical y Salvación Nacional aparecen, junto con el Centro Democrático, entre las colectividades con mayor presencia, mientras estructuras como la casa Char, el ‘ficouribismo’ y la familia Gómez ubicaron nombres en posiciones de influencia.
Ese mapa incluye a Elsa Noguera y Mauricio Gómez Amín por el charismo, y a Juliana Gutiérrez, Natalia López y Paola Holguín por el ficouribismo. La familia Gómez, heredera del poder político de Laureano Gómez, ubicó a dos de sus miembros en el Ministerio de Hacienda y en la jefatura del despacho presidencial.
También hubo un trato desigual frente a perfiles con paso por el Gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella ordenó frenar designaciones en el Ministerio de las TIC al afirmar que “los cargos públicos exigen coherencia y compromiso absoluto”, aunque varios funcionarios que trabajaron en esa administración sí conservaron un lugar en el nuevo Gobierno.
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Entre ellos están Andrés Barreto, que fue experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); Betancur, procedente del Ministerio de Hacienda, y Sterling, que trabajó como contratista de la ANT. La paradoja quedó más expuesta con la caída de Carlos Sepúlveda para el DNP y la llegada de Buitrago, que también había trabajado como asesor de la Agencia de Desarrollo Rural durante el primer año del cuatrienio anterior.
El otro foco de integración está en De La Espriella Lawyers. Aunque el banco de talentos ya cerró y las hojas de vida quedaron como reserva para los próximos cuatro años, varios antiguos integrantes del bufete del presidente entraron a cargos estratégicos del Estado.
Yoly Illidge, primera esposa de De la Espriella y una de las primeras socias de la firma, asumirá un cargo en la Superintendencia de Notariado y Registro. Diana Bravo, socia del bufete desde 2015, será presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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La lista incluye además a Julia Eva Pretelt, superintendente de Sociedades; Jensy Johana Osorio, directora de la Unidad para las Víctimas; Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, y María Fernanda Sandoval, secretaria de Comunicaciones.
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