Defensoría del Pueblo alertó por ataques del ELN cerca de instituciones educativas en Bolívar: “Se encontraban en jornada escolar”

La Defensoría del Pueblo denunció en la mañana del domingo 23 de agosto la intensificación de los ataques armados en el municiío de Norosí y la subregión del sur de Bolívar, tras el grave incidente ocurrido el 19 de agosto.

Según indicó la entidad, ese día, integrantes del ELN atacaron con drones y ráfagas de fusil la estación de Policía de Norosí, dejando a ocho miembros de la fuerza pública heridos, seis de los cuales debieron ser evacuados del municipio.

La entidad expresó especial preocupación porque, durante el ataque, niñas, niños y adolescentes se encontraban en jornada escolar en la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada a solo 40 metros de la estación policial.

La proximidad entre la escuela y el objetivo del ataque expuso a la comunidad educativa a riesgos físicos y afectaciones emocionales y psicosociales.

“Nos preocupa especialmente que, al momento del ataque, niñas, niños y adolescentes se encontraban en jornada escolar en la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada aproximadamente a 40 metros de la estación de Policía. La cercanía de las hostilidades los expuso a los efectos del ataque y generó afectaciones emocionales y psicosociales en la población civil”, señaló la Defensoría.

Como consecuencia directa, el rector de la institución suspendió las clases presenciales para salvaguardar a los estudiantes y al personal docente. Según la Defensoría, la decisión se tomó considerando el peligro inminente ante la persistencia de hostilidades y la cercanía entre los dos establecimientos.

Ante los recientes ataques, la entidad recordó que la situación ya había sido advertida en la Alerta Temprana 019 de 2023 y la Alerta de inminencia 003 de 2026, que señalaban la alta exposición de la población civil en municipios como Norosí, Regidor, Río Viejo y Montecristo a ataques armados, artefactos explosivos y restricciones al derecho a la educación.

“En particular, la ATI 003 de 2026, que comprende a Norosi, Regidor, Río Viejo y Montecristo, documentó el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, afectaciones a personas y bienes de carácter civil, así como riesgos para niñas, niños y adolescentes y para el ejercicio del derecho a la educación”, escribió la Defensoría en un comunicado.

Entretanto, la Defensoría instó al ELN a respetar las normas del derecho internacional humanitario y a adoptar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil y a los bienes de carácter civil.

Además, solicitó al Ministerio del Interior la convocatoria urgente del Subcomité de Prevención y Protección para el sur de Bolívar y de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de avanzar en la implementación de las recomendaciones emitidas.

“Instamos al ELN a respetar las normas del derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y a adoptar todas las precauciones factibles para evitar o reducir al mínimo las afectaciones a la población civil y los bienes de carácter civil”, señala el comunicado.

En su pronunciamiento, la Defensoría exhortó a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para proteger a la comunidad educativa y crear condiciones que permitan retomar las clases presenciales en un entorno seguro, teniendo en cuenta la cercanía entre la institución y la estación de Policía.

La entidad reiteró que continuará realizando seguimiento a la situación en Norosí y al cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas. Insistió en que la protección de la población civil, especialmente de niñas, niños y adolescentes, debe ser una prioridad frente a la escalada del conflicto armado y los riesgos que persisten en el sur de Bolívar.

“Instamos a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para proteger a la comunidad educativa de Norosi y generar condiciones que permitan restablecer las clases de manera segura, teniendo en cuenta los riesgos advertidos frente a la cercanía entre la institución educativa y la estación de Policía”, concluyó la Defensoría del Pueblo.