La red vial concesionada de Colombia opera como corredor humanitario desde el 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Ante esa magnitud, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, convocó a los gerentes de las concesiones viales del país para revisar y reforzar las medidas de apoyo a la emergencia.
El encuentro, liderado por Ayerbe, se centró en las acciones que los concesionarios han puesto en marcha de forma voluntaria: paso libre sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y vehículos con ayuda humanitaria, además de la disposición de capacidades operativas en los corredores hacia las zonas afectadas.
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Los cinco corredores con paso libre
La medida de exención de peajes rige en cinco tramos estratégicos: Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia–Pereira–Manizales, Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca. Estos corredores conectan el centro del país con los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó, los más golpeados por el sismo.
La exención aplica a maquinaria amarilla y vehículos que transporten asistencia humanitaria, previa coordinación con las entidades encargadas de la atención. Las concesiones destinaron personal adicional en cada estación de peaje para agilizar el tránsito.
Incidentes que aceleraron el refuerzo del protocolo
La necesidad del encuentro entre Ayerbe y los gerentes de las concesiones quedó en evidencia días atrás, cuando dos vehículos con carga humanitaria recibieron comparendos pese a las instrucciones vigentes.
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Uno fue sancionado en Tolima, en el peaje Coello Cocora de la concesión APP GICA; el otro, en Planeta Rica, Córdoba, dentro de la concesión Ruta al Mar, a cargo de Construcciones El Cóndor.
Ante esos casos, la ANI instruyó a los concesionarios para levantar las multas y exigió que las condiciones excepcionales de la emergencia fueran socializadas con todo el personal de control vial.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también intervino y reclamó que las instrucciones para facilitar el paso de “alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y otros elementos sean conocidas por todos los trabajadores que intervienen en los controles viales”.
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La Ditra suspende multas por exceso de carga
Otro frente de la respuesta institucional involucra a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA). Ayerbe confirmó que esa entidad no está imponiendo multas por exceso de carga a los transportadores de maquinaria y equipos de emergencia, con el fin de que los recursos lleguen con la mayor rapidez posible.
“La DITRA no está generando multas por exceso de carga, pues se requiere que los equipos y la maquinaria lleguen prontamente a las zonas afectadas por el sismo”, afirmó el presidente de la ANI.
La Agencia Nacional de Infraestructura trabaja en coordinación permanente con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, las autoridades territoriales, los organismos de socorro y la fuerza pública para monitorear el estado de los corredores y atender cualquier incidencia en tiempo real.
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El llamado a no abusar de la medida
Ayerbe subrayó el carácter voluntario y solidario de las acciones de los concesionarios: “Valoramos especialmente las medidas adoptadas voluntariamente por los concesionarios, que han puesto sus capacidades al servicio de esta situación. Este es un momento para seguir sumando y trabajando conjuntamente por las comunidades”.
La ANI advirtió que el beneficio es temporal y está destinado exclusivamente a la atención de la emergencia. Por eso, hizo un llamado a los usuarios a no hacer uso indebido del paso libre y a respetar las normas de tránsito, incluida la velocidad máxima permitida, para que las ayudas lleguen a su destino sin contratiempos.
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La emergencia sísmica afecta a 294.278 personas y a 143.470 familias. Cinco ciudades capitales —Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia— permanecen en alerta roja, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantiene actualizado el balance con cada nuevo reporte de las autoridades locales.
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