Isabel Zuleta se pronunció luego de que la Corte Suprema ordenó investigación en su contra por episodio con arma en cárcel La Picota que denunció Pipe Tuluá

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López respondió a la investigación formal que abrió en su contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le citó a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.

El proceso busca determinar si la congresista se extralimitó en sus funciones durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se incautó un arma de fuego tras información entregada por el interno Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU. a inicios de febrero de 2026.

En un mensaje publicado en su cuenta de X la mañana del sábado 22 de agosto, Zuleta defendió su actuación y aseguró que su presencia en la cárcel respondió a su compromiso con la paz y la protección de la vida.

“Trabajar por La Paz es un deber de todos y una obligación del Estado. Pero así va la persecución judicial en mi contra por trabajar por La Paz urbana y La Paz carcelaria. ¿A quién le importa que hayan muertos al interior de las cárceles y las consecuencias que estas muertes tienen para las comunidades y los territorios?”, escribió la senadora.

Zuleta explicó que su presencia en la diligencia fue solicitada como garantía para la entrega de un arma que, según la información recibida, iba a ser utilizada para asesinar a una persona que buscaba sumarse a los procesos de paz dentro del penal.

“Pidieron mi presencia como garantía para que se diera la entrega de un arma como gesto de paz en un patio de una cárcel, arma con la que presuntamente iban a asesinar a una persona que le estaba apostando a La Paz, alias Araña”, indicó la congresista.

La senadora añadió que su presencia estaba debidamente autorizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos y la dirección del establecimiento penitenciario para prevenir hechos de violencia como amotinamientos.

No obstante, Zuleta recalcó que su intervención no fue una injerencia en la labor judicial, sino un intento de garantizar que la entrega del arma se realizara de manera pacífica y legal.

“Mi presencia en el espacio nunca fue una intervención, yo misma solicité que fuera una diligencia judicial más allá del gesto de paz, lo hice por medio del Ministro de Justicia por la magnitud de la situación y la posibilidad de que el arma estuviera asociada a homicidios”, aseguró la congresista, que también causó polémica tras su papel en el recordado ‘Tarimazo’ en La Alpujarra (Medellín), durante la administración de Gustavo Petro.

Zuleta insistió en que la entrega del arma fue posible gracias a su mediación, la cual consideró un gesto de paz que ayudó a salvar vidas y evitar más violencia dentro de la cárcel.

“Mi presencia hizo posible el gesto de paz, hice presencia porque anhelo con todo mi corazón que no hayan armas que causen la muerte de nadie en ninguna parte, en ningún espacio, tampoco en una cárcel, en Colombia no hay pena de muerte por lo tanto a todos se nos debe proteger la vida incluidos los privados de la libertad”, argumentó la senadora del Pacto Histórico.

La congresista también exigió que si su presencia era requerida, se rindiera declaración formal ante la Fiscalía General, lo que ocurrió con el testimonio de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. “Exigí que si querían mi presencia debían rendir declaración formal directamente ante la Fiscalía, así lo hizo el señor Andres Felipe Marin y por ello hubo el allanamiento”, explicó Zuleta en su publicación.

Respecto a la legalidad de su actuación, Zuleta señaló que las pruebas practicadas en el caso demuestran que no intervino ni obstaculizó la diligencia.

“Las pruebas practicadas en este, un caso más de persecución judicial en mi contra, demuestran que en ningún momento interferí en la diligencia”, aseveró la senadora, recordando que los jueces que conocieron del allanamiento declararon la legalidad del proceso.

Zuleta interpretó la investigación como una persecución política y judicial. “Confío en que la Corte esclarecerá los hechos y podré demostrar mi inocencia como en tantos otros casos de persecución judicial que padezco

Sectores de la derecha que promueven esta persecución buscan que los escenarios judiciales se conviertan en el lugar de disputa política para impedir que realicemos tareas de paz coherentes con nuestra postura cuya prioridad es salvar vidas y reducir las violencias”, expresó en su extenso mensaje la congresista.

La investigación de la Corte Suprema se centra en determinar si la senadora, como coordinadora del Gobierno en la mesa de conversación sociojurídica con estructuras armadas de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, tenía competencias para participar en la diligencia de incautación del arma en la cárcel La Picota.

El tribunal deberá definir si su presencia estuvo limitada a su papel como facilitadora de procesos de paz o si asumió funciones propias de las autoridades judiciales y penitenciarias.

Mientras avanza el proceso, Zuleta reiteró su disposición a seguir trabajando “por la paz, jamás para la violencia o la guerra”, y defendió que el diálogo y los gestos de paz son la vía para reducir las violencias y salvar vidas en el país.