Alta funcionaria del gobierno Petro estaría envuelta en presuntas irregularidades en una operación que movería $20 billones

La exviceministra (e) de Transporte del Gobierno Petro, Lina Huari, está bajo cuestionamiento por denuncias sobre irregularidades en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) relacionadas con un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), una operación que movería $20 billones.

El proceso para operar los Cale, encargados de aplicar los nuevos exámenes teórico y práctico para obtener o recategorizar la licencia de conducción, acumuló acusaciones por presunta desviación de poder, interés indebido, direccionamiento y falta de transparencia, mientras la Unad quedó como único operador contratado, informó Semana.

A las 7:00 p. m. del 31 de diciembre de 2025, un mes antes de que comenzaran las restricciones de la Ley de Garantías, la cartera suscribió el convenio con la Unad. El acuerdo por 20 años fue firmado bajo la dirección de Lina Huari entonces asesora del despacho y viceministra encargada, y supone al menos $5 billones en ganancias.

A comienzos de julio de 2026, el abogado Diego Mauricio Ardila denunció penalmente a Huari y a María Fernanda Rojas exministra de Transporte. En el documento citado por la revista, las señaló por “falsa motivación, desviación de poder, desconocimiento del procedimiento reglado, violación de la confianza legítima, afectación de la libre competencia y evidente favorecimiento contractual indebido”.

Ardila sostuvo que Huari “alteró” el proceso para que se escogiera a una sola universidad “con base en argumentos ficticios, y con la inclusión de reglas y requisitos extralegales”. El denunciante afirmó que “el Ministerio no estaba ante una única institución viable, ni ante un escenario de ausencia de oferta pública. Existían cinco IES públicas con concepto favorable o cumplimiento mínimo”.

Días después, el abogado radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación. Allí pidió investigar si la decisión de contratar solo a la Unad obedeció a una justificación técnica y legal o si afectó la libre concurrencia y la igualdad de trato.

El convenio con la Unad y las quejas por exclusión

La Universidad Surcolombiana y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) interpusieron una tutela por la falta de apertura para contratar a más de una institución. El 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Transporte respondió que la existencia de un contrato vigente con la Unad no cerraba el sistema a futuras instituciones de educación superior.

La cartera añadió ante el juez que no se trataba de una “selección o escogencia monopólica”. Sin embargo, según el semanario, esa pluralidad no se materializó y la Unad permaneció como único operador contratado.

El 24 de julio, ambas universidades insistieron en su reclamo en documentos firmados por sus rectores. Allí advirtieron que “el proceso de contratación con la Unad fue el único contrato firmado, permitiéndole, en un acto de ventaja ilegal, iniciar en solitario la implementación y prestación del servicio, cerrando el mercado temporalmente para las demás IES”.

La habilitación acelerada de los centros de evaluación

Ese mismo 24 de julio de 2026, el Ministerio aprobó nueve de las 32 sedes necesarias para iniciar operaciones por parte de la Unad. En el oficio dejó 23 pendientes y pidió a la institución educativa que hiciera las subsanaciones correspondientes.

Un día después, el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) certificó que no había ningún Cale registrado, según un documento conocido por Semana. El 30 de julio de 2026, Huari respondió por escrito a Ardila que la fase de registro de los centros no había concluido.

Pese a esa secuencia, el 3 de agosto de 2026 enviaron un oficio al Runt para inscribir oficialmente los 32 centros de evaluación. Al día siguiente, el 4 de agosto, Huari expidió la resolución que puso en marcha el sistema con entrada en vigencia prevista para el 14 de septiembre de ese año.

En el informe se identificaron cambios en al menos siete direcciones entre el oficio del 24 de julio de 2026 y el listado aprobado el 3 de agosto. Los ajustes afectaron sedes en Medellín, Bogotá Sur, San José del Guaviare, Bucaramanga, Armenia, Yopal y Bogotá Centro, sin explicación en los registros del Ministerio de Transporte.

Frente a las acusaciones, la exviceministra (e) de Transporte del gobierno Petro, Lina Huari negó que la operación se hubiera concentrado en la Unad. Dijo que el contrato no tiene cláusulas de exclusividad, que esa universidad presentó “la propuesta más sólida” y que la cartera puede vincular a otras instituciones.

Sobre el registro de los centros, la exfuncionaria sostuvo al medio citado: “El trámite del registro corresponde a la Subdirección de Tránsito. Las solicitudes se radicaron en mayo y la Concesión Runt me confirmó el registro el 3 de agosto. La Subdirección verificó que cada sede cumpliera, uno por uno, todos los requisitos”.