Firmantes del Acuerdo de Paz radicaron un derecho de petición ante el presidente Abelardo de la Espriella para conocer el futuro de la JEP

Los firmantes del Acuerdo Final de Paz le exigieron al presidente Abelardo de la Espriella que informe, con soporte documental, si piensa desmontar parte de la arquitectura estatal creada para ejecutar lo pactado y cómo garantizará su continuidad entre 2026-2030.

La petición parte de un punto preciso: antes de asumir el 7 de agosto de 2026, el mandatario anunció la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, una reorganización de la Presidencia, el traslado de funciones de la Unidad de Implementación a un “Comisionado Nacional de Seguridad” y formuló, según los peticionarios, manifestaciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica y física de Rodrigo Londoño ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El escrito fue presentado por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez, todos en calidad de firmantes del acuerdo. La solicitud no pide una definición política general: reclama estudios técnicos, conceptos jurídicos, cronogramas, presupuesto, responsables y copias de actos administrativos o borradores que sustenten cualquier cambio.

La tensión central del documento está en que los exintegrantes de las Farc no solo preguntan qué hará el nuevo Gobierno con la implementación, sino si las decisiones anunciadas tienen base institucional y fiscal. También piden que, si esos documentos no existen, la Presidencia certifique expresamente su inexistencia e informe si están en elaboración, quién los prepara y cuándo estarían listos.

En la petición, los firmantes sostienen que el Gobierno debe explicar “cuáles serán las medidas y mecanismos que ejecutará” para implementar el acuerdo como política pública de Estado, con indicación de entidades responsables, fuentes de financiación y sistemas de seguimiento y evaluación. El reclamo se apoya en la Constitución Política de 1991, en los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, en la Sentencia C-630 de 2017 y en normas de acceso a la información pública.

Los anuncios previos a la posesión activaron el reclamo por pruebas y planes oficiales

El primer eje del documento apunta a las declaraciones públicas del hoy presidente Abelardo de la Espriella. Los firmantes identifican cuatro anuncios previos a la posesión: la supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la eliminación de consejerías y agencias dentro de la Presidencia, el traslado de funciones de la Unidad de Implementación a un nuevo cargo de seguridad y afirmaciones sobre Londoño frente a la JEP.

A partir de esos anuncios, la petición exige que la Casa de Nariño informe si existen “estudios técnicos, jurídicos, administrativos, presupuestales o de impacto institucional” que los respalden. También reclama la remisión de matrices de impacto, análisis de riesgos, conceptos de viabilidad, presentaciones, ayudas de memoria, documentos de trabajo y comunicaciones oficiales que hayan servido de fundamento.

El alcance de esa exigencia va más allá de una respuesta declarativa. Los firmantes piden copia íntegra de “todos los actos administrativos, proyectos normativos, memorandos, conceptos, informes, comunicaciones oficiales, hojas de ruta, cronogramas, estudios técnicos, documentos de política pública o cualquier otro documento”, incluso si están en fase preliminar.

La implementación, el PMI y el SIIPO quedaron bajo pedido de detalle operativo

Otro bloque de la petición se concentra en la ejecución concreta del acuerdo. Allí se solicita que el Gobierno nacional informe qué medidas adoptará para implementar el Plan Marco de Implementación (PMI) y corregir los rezagos en sus indicadores, además de explicar cómo fortalecerá el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO).

La demanda incluye un nivel de detalle operativo poco frecuente en este tipo de requerimientos. Los firmantes piden cronograma, recursos presupuestales, entidades responsables y mecanismos de seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo pactado durante todo el período presidencial.

Rodrigo Londoño y los demás firmantes preguntaron qué entidad y qué funcionario asumirán la coordinación de la implementación del acuerdo, cuáles serán sus funciones, qué nivel jerárquico tendrá ese cargo y con qué recursos humanos y presupuestales contará. También reclamaron saber qué dependencia quedará a cargo del seguimiento, del reporte y de la rendición de cuentas ante lala Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) y el Consejo Nacional de Reincorporación.

La petición dedica varios apartados a la protección física y jurídica de quienes suscribieron el acuerdo. El documento pide que el Ejecutivo detalle qué decisiones, medidas o políticas adoptará para garantizar esa seguridad en cumplimiento de la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional, sus autos de seguimiento y resoluciones emitidas por la JEP.

Entre los puntos concretos, los firmantes solicitan saber si el Gobierno activará o mantendrá instancias como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. También piden precisiones sobre la ejecución del Plan Integral de Protección y sobre la seguridad de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y las nuevas zonas de reincorporación, incluido el esquema perimetral.

El escrito incorpora un listado institucional completo. Reclama que se especifique el papel que cumplirán la UNP, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y las Fuerzas Militares en zonas con presencia de organizaciones armadas ilegales.