Corte Suprema investiga a la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta por operativo en la cárcel Picota: incautaron un arma por información de alias Pipe Tuluá

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública, en un proceso que busca determinar si la congresista se extralimitó en sus funciones durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá.

Los hechos que dieron origen al expediente ocurrieron el 10 de julio de 2025, cuando Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia terminó con la incautación de un arma de fuego, luego de que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, entregara información sobre la presencia del arma dentro del penal.

La Corte deberá establecer si la participación de la senadora se encontraba dentro de las competencias que tenía como coordinadora del Gobierno nacional en el espacio de conversación sociojurídico con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

Zuleta había sido designada para esa labor mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026, expedidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Precisamente, el tribunal busca determinar si esas funciones relacionadas con los procesos de diálogo y paz le permitían intervenir en una diligencia de carácter penitenciario y judicial.

Un arma, “Pipe Tuluá” y una alerta por un posible asesinato

Según información divulgada por El Colombiano, el operativo se produjo después de que las autoridades recibieran una alerta sobre un supuesto plan para asesinar dentro de La Picota a Giovanny Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera.

Los dos hombres se encontraban recluidos en el pabellón de extraditables del centro penitenciario. A partir de la información recibida, funcionarios del CTI adelantaron el procedimiento y encontraron un arma de fuego.

La Corte ahora concentra su atención en el papel que tuvo Zuleta durante esa diligencia. Una de las preguntas centrales del proceso es si la congresista se limitó a acompañar a los funcionarios o si asumió un rol activo en un procedimiento para el cual un legislador no tendría facultades judiciales o penitenciarias.

Videos difundidos por Noticias RCN muestran a la senadora recibiendo el arma que habría sido entregada voluntariamente por el interno. Según la versión divulgada por ese medio, la congresista habría tenido una participación activa durante el procedimiento.

La propia Zuleta ha defendido su actuación. La senadora aseguró que su intervención fue un “gesto de paz” encaminado a proteger la vida de una persona que, según la información que recibió, se encontraba en riesgo.

La congresista explicó que en julio de 2025 recibió de Angélica Martínez, abogada de “Pipe Tuluá”, información sobre el supuesto peligro que enfrentaba “Araña”. Según su versión, tras conocer esa alerta informó al entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

Zuleta también sostuvo que la entrega del arma fue realizada como parte de una disposición de “Pipe Tuluá” para colaborar con las autoridades. “Observé cómo se lleva a cabo este gesto para proteger la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo”, afirmó la senadora en declaraciones públicas.

La investigación busca establecer hasta dónde llegaban sus funciones

El punto central del expediente no es únicamente la existencia del arma, sino determinar si Zuleta tenía competencia para intervenir en el procedimiento que permitió su incautación.

La Corte deberá revisar las funciones que le fueron asignadas a la congresista dentro de la mesa de conversación sociojurídica y contrastarlas con las actuaciones que realizó durante la diligencia en La Picota.

En otras palabras, el tribunal tendrá que establecer si su presencia y participación estuvieron relacionadas exclusivamente con su papel como facilitadora del proceso de paz o si, por el contrario, terminó ejerciendo funciones que correspondían a las autoridades judiciales y penitenciarias.

El proceso también se desarrolla mientras Zuleta enfrenta otras actuaciones judiciales y cuestionamientos relacionados con su papel en los procesos de paz urbana.

De acuerdo con El Tiempo, una de las indagaciones está relacionada con una denuncia de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien habría entregado chats en los que se atribuyen a Zuleta solicitudes relacionadas con allanamientos, traslados y permisos de personas vinculadas con las estructuras criminales que participaban en los diálogos.

Otra actuación examina su presunta responsabilidad en el llamado ‘tarimazo’ realizado en La Alpujarra, Medellín, donde integrantes del Gobierno y miembros de estructuras criminales participaron en un acto público relacionado con los diálogos de paz urbana.

Además, existe una indagación relacionada con un evento celebrado dentro de una cárcel y vinculado con la mesa sociojurídica que dirigía la senadora. Por ese episodio, 11 funcionarios del Inpec fueron destituidos.

El caso de La Picota se suma así a las actuaciones que buscan establecer cuál fue exactamente el alcance de las funciones de Zuleta dentro de los procesos de diálogo con organizaciones criminales.