
El Juzgado 54 Laboral de Bogotá declaró improcedente la tutela con la que Angie Rodríguez buscaba su reintegro a la gerencia del Fondo Adaptación, al concluir que ese mecanismo no era la vía para controvertir su salida y que no había pruebas suficientes para establecer que su condición de salud hubiera sido la causa determinante de la declaratoria de insubsistencia.
Uno de los elementos que pesó en el análisis fue la situación económica de la exfuncionaria. Según información citada por Semana, el Fondo Adaptación reportó que Rodríguez devengaba $59.219.043 mensuales, una suma que el juez consideró muy superior al promedio nacional y suficiente para descartar, en principio, una afectación al mínimo vital que hiciera ineficaz la vía ordinaria.
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La decisión judicial mantiene en firme la salida de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, que había demandado a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tras la expedición del decreto que dejó sin efecto su nombramiento como gerente de la entidad.
Rodríguez había alegado que con esa decisión se vulneraron sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad. También sostuvo, por medio de su apoderado, que su retiro habría tenido un componente discriminatorio vinculado con su estado médico.
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La exfuncionaria pidió ser reintegrada de manera transitoria a la gerencia del Fondo Adaptación o a un cargo de igual o superior categoría. También solicitó que se garantizara la continuidad de su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso al tratamiento especializado que requiriera.
El despacho respondió que la tutela no estaba llamada a prosperar frente a la pretensión de reintegro porque no se acreditaban los supuestos excepcionales que permitirían desplazar al juez contencioso administrativo. En el fallo de 22 páginas el juez sostuvo: “La hermenéutica sobre si la insubsistencia obedeció a la pérdida de confianza política/funcional o a un motivo discriminatorio ligado a la salud, constituye un típico debate de desviación de poder que exige un despliegue probatorio amplio”.
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Ese razonamiento se apoyó además en la naturaleza del cargo. La gerencia del Fondo Adaptación es un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo que el Presidente de la República tiene facultad discrecional para disponer el retiro de quien ejerce esa función.
El juzgado también examinó si existía una afectación autónoma al derecho a la salud. La providencia indicó que, aunque estaba acreditada una condición médica y la necesidad de continuar con seguimiento y tratamiento, eso no permitía establecer por sí solo una vulneración de ese derecho en ausencia de una barrera cierta y actual de acceso a los servicios médicos.
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Dentro del expediente quedó acreditado que la administración conocía la situación médica de Rodríguez y que el Fondo Adaptación había adoptado medidas de protección y seguimiento relacionadas con su estado de salud. La exfuncionaria recibe tratamiento psiquiátrico permanente por un diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Uno de los puntos evaluados fue la proximidad temporal entre la incapacidad médica que comunicó el 30 de julio de 2026 y la expedición, un día después, del Decreto 0936. Sobre ese aspecto, el juez señaló: “La sóla proximidad temporal entre las publicaciones, la incapacidad comunicada el 30 de julio y la expedición del Decreto 0936 el 31 de julio de 2026 constituye un elemento que debe ser valorado, pero no permite, aisladamente considerado, establecer la existencia de un móvil discriminatorio”.
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El despacho agregó que para concluir que el retiro tuvo como causa determinante la condición de salud se necesitaban elementos adicionales que permitieran demostrar, con el grado de certeza exigido para ordenar un reintegro, que la facultad discrecional fue utilizada para excluirla precisamente por su estado médico.
La providencia también valoró que esa condición ya existía cuando fue nombrada gerente del Fondo Adaptación. Ese dato fue tenido en cuenta al estudiar su reclamo de estabilidad laboral reforzada.
Según el expediente, Rodríguez sostuvo además que su salida se produjo después de varias denuncias públicas y de publicaciones en la red social X en las que el expresidente Gustavo Petro la señaló de “manipuladora” por su condición de “paciente psiquiátrica”. El Ministerio de Hacienda respondió en el proceso que la desvinculación obedeció a la pérdida de confianza del entonces mandatario.
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