La cooperación en defensa con Estados Unidos y Colombia será uno de los ejes fundamentales del Plan Patriota 2.0 con el que ambas naciones buscan recomponer la coordinación bilateral y enfrentar el avance de grupos criminales.
La proyección del sector defensa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, parte de que, durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados y criminales llegaron a casi 30.000 integrantes entre disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Clan del Golfo, entre otros. El documento de hoja de ruta conocido por Semana presenta esa expansión como la razón para reactivar la cooperación internacional.
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En efecto, señala que el plan se concibe como una política de Estado orientada a recuperar capacidades estratégicas y fortalecer la coordinación institucional. También indica que su éxito dependerá de la continuidad de las políticas, la asignación de recursos, la cooperación entre entidades y el respeto del marco constitucional y jurídico.
Cómo define el plan la amenaza criminal
Conforme a lo expuesto en la planificación, el país ya no enfrenta una guerra tradicional, sino una guerra híbrida. Ese diagnóstico describe alianzas entre grupos criminales para repartirse territorios por negocios de narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y homicidio.
El texto añade que esos grupos han modernizado su armamento y usan drones para atacar a la fuerza pública, ubicar posiciones y hacer inteligencia criminal. A partir de ese cambio, el plan prioriza inteligencia estratégica y financiera, ciberdefensa, guerra electrónica, sistemas antidrones, comunicaciones e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés).
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“La recuperación del control territorial exige integrar inteligencia, investigación criminal, presencia institucional, tecnología y coordinación permanente entre entidades nacionales y territoriales”, se lee en la misiva publicada por el medio citado.
La estrategia incluye, además, restablecer el control efectivo del territorio con seguridad, defensa, justicia, cooperación internacional, innovación tecnológica y presencia institucional, dentro de la Constitución Política, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La cooperación con Estados Unidos en inteligencia, tecnología y capacidad aérea
Las primeras bases de esa nueva relación con Estados Unidos quedaron fijadas el 21 de julio de 2026, cuando Jorge Mora, ministro de Defensa designado y general en retiro, se reunió en Norteamérica con Joseph Humire. Según informó Semana, Humire aparece identificado como subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos y conversó con Mora sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico.
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La hoja de ruta contempla fortalecer la movilidad aérea, el sostenimiento de capacidades, el entrenamiento, la interoperabilidad y la transferencia tecnológica. Una fuente cercana al nuevo ministro dijo en diálogo con la revista que son esenciales “las alianzas con países socios para formación, intercambio de información, mantenimiento, innovación tecnológica e interoperabilidad, que constituyen un multiplicador de capacidades”.
Entre los primeros acercamientos, el programa prevé reorientar la lucha contra los carteles del narcotráfico y reforzar las capacidades aéreas de Colombia. Ese punto incluye apoyo a la flota de helicópteros Black Hawk tras la presión que dejó la crisis de los MI-17 del Ejército Nacional.
Las regiones y el despliegue previsto del Plan Patriota 2.0
Antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella nombró en la cúpula de la Policía Nacional a los generales Alejandro Barrera y Norberto Mujica, expertos en inteligencia que volverán al servicio activo. La estrategia les asigna, junto con el alto mando militar, el desarrollo de teatros regionales de operaciones como esquemas de coordinación interinstitucional.
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En las ciudades, el documento propone articular autoridades para concentrar capacidades de investigación, captura, judicialización y recuperación del control territorial. En ese plano, el despliegue se enfocaría en los departamento de Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Nariño, Chocó y Arauca, entre otros enclaves cocaleros y de minería ilegal.
La radiografía incluida en el plan sostiene que los grupos ilegales ocupan el 36% del territorio nacional, más de 420.000 kilómetros cuadrados. También contempla un programa extraordinario para fortalecer el pie de fuerza y los cuadros de mando, con medidas de bienestar, salud mental, liderazgo, entrenamiento y permanencia.
Según el diagnóstico citado por Semana, una prioridad del gobierno entrante es recomponer la cooperación internacional que, de acuerdo con esa evaluación, fue desbaratada con Estados Unidos e Israel. El exministro de Defensa, Diego Molano, y el general en retiro Guillermo León, presidente de Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), coinciden en que la diferencia con el primer Plan Patriota radica en que hoy la amenaza ya no responde a una sola estructura armada dominante, sino a un entramado criminal fragmentado y con conexiones fuera del país.
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