Una demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado pidió suspender la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y de su vicepresidente José Manuel Restrepo por presuntas irregularidades asociadas a fraude electoral.
El recurso solicita la exclusión del cómputo electoral de 614.000 votos y que el alto tribunal practique un nuevo escrutinio. También reclamó “con extrema urgencia” una medida cautelar para frenar la posesión de la fórmula presidencial.
“Solicito que se excluya integralmente la votación exterior y se realice un nuevo escrutinio judicial,” reclamó el demandante en la querella publicada por Caracol Radio. Si la exclusión no fuera aceptada en su totalidad, pide—como alternativa—una revisión exhaustiva de cada registro y el descarte de todos los votos inválidos.
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“Solicito que se excluya integralmente la votación exterior y se realice un nuevo escrutinio judicial,” reclamó el demandante en la querella publicada por Caracol Radio. Si la exclusión no fuera aceptada en su totalidad, pide—como alternativa—una revisión exhaustiva de cada registro y el descarte de todos los votos inválidos.
El escrito cuestionó el manejo de las autoridades en el recaudo y el escrutinio de la votación de segunda vuelta, con foco en el exterior. Señaló supuestas fallas como falsa motivación, desviación de poder, consignación de datos contrarios a la verdad y alteración de documentos electorales.
La acción fue presentada por Sonia Ordóñez Salinas, estadística e ingeniera de sistemas, con maestría y doctorado en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Según la demanda, es docente e investigadora de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y directora del grupo de investigación Gesdatos.
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Cuestionamiento a los controles: formularios faltantes y documentos sin trazabilidad
La demanda publicada por el medio citado remarca que no se publicaron los formularios E-14 de Claveros para las mesas del exterior, que documentan y acreditan el resultado oficial de las mesas y permiten el control de la cadena de custodia del voto, tarea clave en los procesos de fiscalización electoral.
En cambio, solo se publicaron los formularios de transmisión y de delegados, lo que “frustró la posibilidad de control y contradicción,” según el reclamante.
El planteo señala que esta indisponibilidad implica un “desconocimiento de la legalidad” del trámite, ya que la reglamentación interna de la autoridad electoral exige que todos los documentos estén accesibles para su verificación y control público. El reclamo no sólo apunta a la publicación, sino a la existencia física, digital y custodia de estos documentos en la etapa de consolidación.
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Cambios en los documentos y falta de explicación oficial
Otro punto central de la demanda es la crítica a la modificación del modelo documental respecto a elecciones anteriores. Conforme a lo expuesto, en 2026 se eliminaron elementos técnicos esenciales para la seguridad digital de los archivos, como metadatos, estampillas de tiempo e identificadores únicos en los documentos electrónicos.
También se cambió la estructura de los formularios: las firmas de jurados, que en elecciones de 2022 se colocaban en la misma hoja con los resultados, ahora van en hojas separadas, lo que, según la demanda, permite “recombinar” votos y firmas y quita garantías sobre la coincidencia real entre votación y validación de las actas.
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El escrito señala que estos cambios se implementaron sin un acto administrativo fundado ni consulta o publicidad previa. La justificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil llegó, según la presentación, “después de las elecciones” y sólo cuando fue exigida judicialmente.
Impacto de los votos del exterior: diferencia clave y reclamo de transparencia
La diferencia entre los candidatos presidenciales fue de 251.854 votos sobre más de 25.000.000, apenas el 1% del total emitido. En el exterior, la diferencia a favor de Abelardo de La Espriella fue de 177.843 votos. Si este universo se anulara, la superioridad en territorio nacional sería de solo 74.011 votos, un 70% menor.
Para el denunciante, hubo un volumen inusual de coincidencias y patrones en los formularios del exterior: códigos de mesas que cambian según el día y permiten que ciudadanos voten más de una vez por fallas en los controles; patrones de asignación de mesas y votos inusuales en consulados de todo el mundo; ausencia de votos nulos o no marcados y alteraciones en las sumas, así como la presencia de jurados que, aún siendo residentes en Colombia, actuaban fuera del país.
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