El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó en una rueda de prensa los resultados del Informe Ejecutivo de Auditoría Integral al departamento de Antioquia - Secretaría de Salud e Inclusión Social.
De acuerdo con la información que suministró, la entidad identificó 23 hallazgos administrativos que están siendo investigados, en aras de adelantar respectivos procesos sancionatorios. Además, indicó que hay otros seis hallazgos de carácter disciplinario detectados en la Gobernación de Antioquia, cuyos funcionarios podrían ser investigados y sancionados por la Procuraduría General de la Nación.
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De igual manera, cuatro funcionarios de la gobernación podrían ser investigados por la Contraloría General por hallazgos fiscales que también identificó la superintendencia, a los cuales se suman otros tres de carácter penal, por la presunta comisión de delitos.
Una de las irregularidades más graves que reportó la Superintendencia Nacional de Salud en el informe está relacionada con la presunta malversación de recursos.
“Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales”, detalló el superintendente Quintero en la rueda de prensa.
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Estas presuntas irregularidades se habrían identificado en Guarne, Antioquia, que es un municipio de “categoría 2″. Según el funcionario, el municipio recibió recursos directos, sin que se suscribiera un contrato para ello.
Además, recordó que los recursos del Sistema General de Participaciones para salud tienen una destinación específica que no se puede desdibujar: financiar acciones para la salud pública. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud indican que con ese dinero se llevaron a cabo “acciones individuales” y los recursos fueron enviados a cuentas del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y no a cuentas maestras –cuentas especiales, separadas de las demás– que permiten garantizar la correcta ejecución de la plata.
“Los rendimientos, incluso financieros, no fueron ejecutados como debían girarse o no fueron llevados a cuentas maestras, sino que terminaron en cuentas particulares de la Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia). ¿Por qué es tan grave? Aquí se evidenció que con recursos que tienen destinación específica del SGP, es decir, salud pública, se financiaron acciones que no están permitidas, acciones individuales”, detalló.
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A juicio del superintendente, este tipo de anomalías estarían permeadas por intereses políticos.
Con respecto a los hallazgos penales, Daniel Quintero informó que, al parecer, la Gobernación de Antioquia incurrió en un acto de negligencia con respecto a la salud de una adolescente indígena embera de 15 años que estaba en estado de embarazo. El caso de la menor de edad, que falleció, era de alto riesgo y, presuntamente, la administración departamental no actuó diligentemente para garantizar su cuidado.
“La Gobernación de Antioquia tenía la misión, la obligación, no solo de cuidar a su población, sino que habían varias tareas y protocolos que debían seguir en relación a la población embarazada con riesgo alto. Este era un caso de riesgo alto. La Gobernación de Antioquia no lo hizo. Hubo negligencia ahí”, indicó.
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Algo similar se habría presentado con una niña indígena de la comunidad embera chamí que también falleció. Según detalló el superintendente, presuntamente, la gobernación no hizo un adecuado seguimiento del caso y, además, cuando la menor de edad murió, la administración tardó 138 días en darse cuenta de su deceso “por negligencia”.
“La Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia ha sido negligente en realizar acciones que son su obligación. Lo mismo ha pasado en otros territorios”, añadió el funcionario.
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