Investigan presuntas irregularidades en licitación para compra de camionetas 4x4 para la Policía: revisan supuesto pliego de condiciones ‘amañado’

Un proceso de adquisición por casi un billón de pesos para dotar a la Policía Nacional de camionetas 4x4 último modelo ha generado inquietudes en el sector automotor y ha llegado a instancias judiciales y de control. La polémica se centra en posibles beneficios indebidos a ciertos proveedores durante la estructuración del acuerdo marco, que busca renovar la flota vehicular de la institución.

Según información conocida por El Tiempo, las inquietudes surgieron cuando varias empresas enviaron cartas a la Fiscalía General y la Procuraduría, solicitando frenar el avance del proceso.

Los remitentes advirtieron sobre supuestos requisitos técnicos y condiciones de permanencia en el mercado que podrían limitar la pluralidad de oferentes y beneficiar a fabricantes o distribuidores específicos.

El convenio, liderado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, contempla la compra de vehículos de cabina cerrada, aptos para el transporte de carga o pasajeros y sujetos capturados. Los modelos exigidos no pueden ser anteriores a 2026, deben funcionar con diésel o gasolina, y deben contar con diversas configuraciones de tracción y transmisión.

Según la denuncia, algunas de estas especificaciones provienen de fichas técnicas elaboradas por la Dirección Logística Financiera de la Policía Nacional, lo que habría restringido el acceso a la competencia.

El proceso, que ha sido objeto de observaciones desde hace un mes, fue llevado ante la Procuraduría y la Fiscalía luego de que fracasaran varias tutelas con las que se intentó detenerlo. Según comentaron a El Tiempo fuentes que conocen los detalles, un juez determinó que la vía adecuada para resolver las controversias no era la tutela, sino el ámbito contencioso administrativo.

Las compañías del sector automotor acusan que la estructura del convenio podría haber incurrido en faltas de carácter penal y disciplinario. Solicitan que se investigue la actuación de funcionarios de Colombia Compra Eficiente y que la Procuraduría ejerza vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación. Además, piden que las denuncias y los documentos presentados sean considerados como soporte para futuras actuaciones.

¿Qué piden las denuncias y cuál es la posición institucional?

Las denuncias formales reclaman que se verifique si los funcionarios públicos involucrados cumplieron con sus deberes legales y que se suspenda el proceso mientras se evalúan las observaciones presentadas. Pese a los intentos judiciales previos, hasta ahora la petición de frenar la contratación ha sido rechazada por no ser competencia de los jueces de tutela.

En respuesta, la Policía Nacional ha enfatizado que la transparencia es una directriz obligatoria en todos sus procesos de contratación. Según declaraciones recogidas el 12 de junio por El Tiempo, la institución aclaró que actualmente no está ejecutando compras de vehículos a través de acuerdos marco y que el proceso identificado como CCENEG-092-01-2026 está bajo la responsabilidad exclusiva de Colombia Compra Eficiente, en una etapa previa a la selección de proveedores.

“Es importante precisar que dicho proceso (CCENEG-092-01-2026) es liderado exclusivamente por Colombia Compra Eficiente y corresponde a una etapa previa de selección de proveedores,por lo que no implica la existencia de un proceso de compra en curso por parte de la Policía Nacional”, señaló la Policía Nacional.

Asimismo, indicaron que la instrucción oficial del director general William Rincón es mantener los procesos de licitación con transparencia total para evitar cualquier irregularidad o dar paso a la corrupción.

“la orden del señor director general William Rincón es que haya transparencia sobre todos los procesos de contratación que se adelantan”, comentó la institución a El Tiempo.

Actualmente, la adquisición de camionetas 4x4 para la Policía Nacional de Colombia está bajo revisión de la Procuraduría y la Fiscalía. La decisión final sobre la continuidad o suspensión del proceso dependerá del pronunciamiento de las entidades de control en los próximos días.