La investigación periodística desarrollada por el medio independiente Vorágine reveló que el Ministerio del Trabajo adelanta indagaciones contra la empresa Postobón (de bebidas) por presuntas irregularidades en la desvinculación de cerca de un centenar de empleados en Bogotá.
A raíz de esta publicación, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, perteneciente al Pacto Histórico, emitió un pronunciamiento en sus redes sociales para rechazar las actuaciones de la compañía y señalar fallas en las relaciones laborales del país.
Según los hallazgos presentados por la revista, la controversia inició el 15 de mayo de 2026, cuando trabajadores con restricciones médicas o enfermedades asociadas a sus funciones fueron citados a auditorios y hoteles de la capital sin previa notificación sobre el objetivo del encuentro.
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En esas reuniones, representantes de la empresa habrían notificado la terminación de los contratos e instado a la firma de acuerdos de “retiro voluntario”.
Los testimonios, documentos y grabaciones recopilados en el informe periodístico señalan que los empleados habrían recibido presiones psicológicas y advertencias sobre las consecuencias de no aceptar las indemnizaciones propuestas. Entre los relatos expuestos se menciona que se impidió a los asistentes abandonar las instalaciones para realizar consultas legales o familiares antes de firmar.
Dentro de los expedientes documentados se encuentra el caso de Selena Zafra, persona que laboró durante once años en la compañía y que padece afectaciones de salud derivadas de un accidente de trabajo. En las grabaciones publicadas por el medio, un apoderado de la empresa insta a la firma del documento argumentando la baja probabilidad de éxito de eventuales demandas judiciales.
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La reacción de Mafe Carrascal al caso Postobón
Frente a la difusión de estos datos, la congresista Mafe Carrascal publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en la cual cuestionó los métodos empleados para las desvinculaciones y respaldó el trabajo del medio de comunicación.
“Alrededor de cien trabajadores de Postobón habrían sido forzados a firmar supuestos acuerdos de ‘retiro voluntario’. Denunciaron intimidaciones y encierro: no podían abandonar el recinto, consultar con abogados o familiares, ni siquiera tomarse un tiempo para pensar. De frente les dijeron que firmaran ese acuerdo espurio o serían despedidos”, afirmó la representante.
En el mismo mensaje, Mafe Carrascal —una de las legisladoras que lideró la Reforma Laboral del Gobierno de Gustavo Petro— abordó la postura tomada por la compañía de bebidas respecto al cumplimiento de las normas vigentes durante los procesos de liquidación.
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“Postobón sostiene que no cometió ninguna irregularidad. Pero la coacción y las amenazas son incompatibles con cualquier acuerdo verdaderamente libre. El descaro de la respuesta empresarial a esta juiciosa investigación de Vorágine revela algo todavía más profundo sobre una sociedad atravesada por desigualdades económicas abismales”, señaló la congresista en la plataforma digital.
Asimismo, la representante relacionó las prácticas denunciadas con el papel que desempeñan las dependencias encargadas de la gestión humana y el asesoramiento jurídico en el sector corporativo.
Las advertencias de Carrascal sobre el futuro de los derechos laborales
“Los grandes empresarios cuentan con un poder de negociación exorbitante, mientras las y los trabajadores saben que rechazar condiciones abusivas puede significar quedarse sin ingresos y enfrentarse al hambre”, señaló Carrascal.
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De igual manera, agregó a su escrito que: “En muchas grandes empresas del país, funcionarios de recursos humanos y abogados laboralistas vulneran cotidianamente los derechos de las y los trabajadores mediante maniobras como estas”.
En su intervención, la congresista hizo mención a los futuros escenarios políticos y al control institucional en materia de inspección laboral, refiriéndose a nombres del panorama gubernamental e institucional del país.
Carrascal aseguró que el caso debe ser una alerta para el movimiento sindical y advirtió sobre el panorama que, a su juicio, enfrentaría el país en el entrante gobierno de Abelardo de la Espriella. “El movimiento sindical debe mantenerse alerta”, afirmó, al señalar que el Ministerio del Trabajo quedaría en manos de Natalia López, exfuncionaria de esa cartera durante la administración de Iván Duque.
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Carrascal sostuvo que, durante ese periodo, “incluso altos funcionarios intervinieron para levantar ilegalmente huelgas, como ocurrió en el caso de Impala Terminals”.
En ese sentido, advirtió que “con el triunfo de los ultras, los sectores empresariales que hoy todavía se lo piensan dos veces antes de cometer estas barbaridades podrían sentirse autorizados para pasarse por la faja los derechos del pueblo trabajador”, en referencia a lo que considera un posible debilitamiento de las garantías laborales y sindicales.
Finalmente, Carrascal reiteró el reconocimiento al medio periodístico e hizo un llamado a la movilización de las organizaciones sindicales: “Felicito a Vorágine por esta investigación. Las y los trabajadores desvinculados irregularmente de Postobón cuentan con todo mi apoyo. Y reitero la alerta: tenemos que organizarnos para enfrentar la arremetida contra los derechos laborales que se nos viene”.
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Por su parte, la empresa Postobón emitió un comunicado en el cual rechazó la existencia de conductas indebidas. La compañía sostuvo que la terminación de las relaciones laborales se dio bajo el marco legal aplicable y mediante decisiones voluntarias de las partes, sin vulnerar las garantías procesales ni los derechos de los implicados.
Paralelamente, las autoridades competentes del Ministerio del Trabajo realizaron inspecciones a las dependencias de la empresa para recabar material probatorio. La entidad estatal evalúa la legalidad de los procedimientos, dado que la normativa laboral exige autorizaciones previas para la desvinculación de personal que goza de estabilidad laboral reforzada por condiciones médicas.