El robo de servicios públicos en Antioquia ya deja pérdidas superiores a $300.000 millones para Empresas Públicas de Medellín, EPM, en lo corrido del año. La compañía advirtió que las conexiones ilegales para hurtar agua, energía y gas representan un golpe financiero de gran tamaño y afectan la capacidad de reinversión en infraestructura.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el reporte fue entregado por la administración del conglomerado al cierre del primer semestre. La cifra equivale al suministro de estos servicios para cerca de 95.000 familias, lo que muestra el impacto que tiene el fraude sobre la operación y sobre los usuarios que sí pagan sus facturas.
El gerente de EPM, John Maya Salazar, dijo que el problema se vuelve más delicado por la coyuntura del fenómeno de El Niño, cuando el país necesita ahorrar agua y energía para evitar mayores presiones sobre el sistema.
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“Es un llamado a toda la comunidad, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero desafortunadamente vemos que el consumo sigue aumentando tanto en energía como en agua, y hay que ser racionales”, afirmó Maya Salazar.
Energía y agua concentran la mayoría de hurtos
Según el reporte de EPM, el mayor índice de hurto se presenta en el servicio de energía eléctrica, con el 57,7 %. Le sigue el agua potable, con el 40,4 %, mientras que el gas natural representa el 1,9 %.
Las cifras muestran que el fraude no se limita a un solo servicio. Las conexiones ilegales afectan redes eléctricas, acueductos y sistemas de gas, con riesgos técnicos, económicos y de seguridad para las comunidades. Además, obligan a la empresa a destinar recursos adicionales a reparar daños, reponer elementos hurtados y restablecer condiciones normales de operación.
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EPM insistió en que el robo de agua potable, energía eléctrica o gas natural mediante conexiones ilegales o fraudulentas constituye un delito. La empresa recordó que esta conducta está tipificada en el artículo 256 del Código Penal.
El llamado de la compañía también apunta a la responsabilidad ciudadana. En momentos de alta presión climática por El Niño, el aumento del consumo y el hurto de servicios públicos complican las estrategias de ahorro. Para la empresa, la reducción del desperdicio y el uso racional de los recursos deben acompañar cualquier medida institucional para proteger el abastecimiento.
Reinversiones por daños siguen aumentando
Además de las pérdidas por consumo no pagado, EPM alertó por los costos que debe asumir para reparar o reponer infraestructura afectada. Entre 2024 y 2025, la empresa tuvo que reinvertir $7.200 millones en arreglos y reposición de infraestructura de suministro.
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La preocupación es que, solo en lo corrido de este año, esa cifra ya va en $25.000 millones. Ese salto muestra que el daño sobre las redes y los equipos no solo persiste, sino que puede estar aumentando en medio de la presión sobre los servicios públicos.
La empresa explicó que esas reinversiones representan recursos que podrían destinarse a mejorar la prestación del servicio, ampliar cobertura o fortalecer la infraestructura. Cuando deben usarse para corregir daños asociados al hurto, se reduce la capacidad de ejecutar otras inversiones necesarias para los usuarios.
El reporte también deja claro que el robo de servicios públicos no es un problema menor ni aislado. Por el monto de las pérdidas, el número de familias que podrían ser atendidas con esos recursos y los costos de reparación, EPM lo presenta como un flagelo que afecta directamente la sostenibilidad del sistema.
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Maya Salazar pidió racionalidad en el consumo y reiteró que la comunidad debe tomar conciencia sobre el impacto de estas prácticas. El mensaje se produce en un momento en el que EPM también ha insistido en medidas de ahorro para enfrentar el fenómeno de El Niño y evitar escenarios más críticos en materia de agua y energía.
Por ahora, la empresa mantiene la alerta por las conexiones ilegales y por el aumento de los costos asociados a la reposición de infraestructura. La advertencia central es que el hurto de servicios públicos termina afectando a toda la ciudadanía: golpea las finanzas de la empresa, pone presión sobre las redes y limita recursos que podrían invertirse en mejorar el servicio.