La organización Avanza Colombia, liderada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, presentó la propuesta denominada “Vivienda Sin Cuota Inicial”, una iniciativa de política habitacional que busca que 330.000 familias colombianas de bajos ingresos puedan adquirir vivienda propia entre 2027 y 2030 sin la necesidad de reunir previamente el dinero correspondiente a la cuota inicial.
De acuerdo con información publicada por El Tiempo y Semana, el proyecto parte del panorama actual de acceso a vivienda en el país, donde una parte importante de los hogares enfrenta dificultades para convertirse en propietaria.
Según las cifras citadas por ambos medios, el 41% de los hogares colombianos vive en arriendo y la tasa de propiedad del país se ubica en 38,1%, una de las más bajas entre los países de la OCDE.
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Además, la propuesta señala que siete de cada diez hogares que actualmente no tienen vivienda propia cuentan con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, una condición que limita su capacidad de ahorro para cumplir con los requisitos tradicionales de compra de vivienda.
¿En qué consiste la propuesta Vivienda Sin Cuota Inicial?
Según explicó el diario, la iniciativa está estructurada sobre cuatro componentes principales que buscan facilitar el acceso a vivienda para familias con ingresos entre cero y dos salarios mínimos.
El primer elemento corresponde a la cobertura de la cuota inicial mediante un subsidio de 50 millones de pesos. De acuerdo con la propuesta, este monto equivale al 31,7% del valor de una Vivienda de Interés Prioritario (VIP), permitiendo que los hogares beneficiarios no tengan que realizar un pago inicial para acceder al inmueble.
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Los recursos para financiar este componente provendrían de una combinación entre el Gobierno, el Fondo de Vivienda de las Cajas de Compensación Familiar (FOVIS) y el Sistema General de Regalías, según la información entregada por la iniciativa.
El segundo eje está relacionado con la garantía estatal y la inclusión financiera. El proyecto plantea que el Fondo Nacional de Garantías (FNG) respalde el 70% del saldo del crédito durante diez años, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento.
Asimismo, la propuesta contempla una evaluación financiera alternativa mediante herramientas de Open Finance, con las que se podrían considerar factores como el historial de pago de arriendos, servicios públicos y plataformas digitales para ampliar las posibilidades de crédito de trabajadores informales o personas con reportes crediticios de bajo monto.
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Subsidio a la tasa de interés y cuotas similares a un arriendo
Otro de los componentes planteados es un subsidio mensual a la tasa de interés por 355.793 pesos, con el que, según la propuesta, la cuota de amortización del crédito podría ubicarse alrededor de 700.000 pesos mensuales fijos.
De acuerdo con Semana, este valor permitiría que hogares con ingresos desde un salario mínimo puedan asumir el pago del crédito hipotecario, teniendo en cuenta que la cuota tendría un valor similar al que actualmente pagan muchas familias por concepto de arriendo.
La propuesta busca atender la principal barrera identificada por sus promotores y es la dificultad de reunir la cuota inicial de una vivienda. Según el documento citado por la revista, algunas familias podrían tardar entre 10 y 15 años en ahorrar cerca de 50 millones de pesos para cumplir con este requisito.
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Desarrollo urbano como parte del programa
La iniciativa también contempla que las viviendas estén acompañadas de infraestructura comunitaria como colegios, centros de salud y espacios públicos.
Para este componente, la propuesta plantea la participación de diferentes fuentes de financiación, entre ellas contrapartidas del 20% por parte de los municipios, recursos del sector privado mediante obras por impuestos y aportes de entidades como los ministerios de Educación y Salud.
Impacto económico y alcance de la propuesta
De acuerdo con las estimaciones presentadas por Mauricio Cárdenas y Avanza Colombia, el programa tendría un impacto económico durante el cuatrienio. Según la información publicada por ambos medios, la construcción de las viviendas podría generar 2,6 millones de empleos directos e indirectos y una actividad económica estimada en 27,2 billones de pesos.
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En cuanto al costo fiscal, los promotores de la iniciativa señalan que el programa tendría un costo neto equivalente al 0,07% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la recaudación tributaria generada por la actividad constructora.
La propuesta no plantea sustituir programas existentes como Mi Casa Ya, sino complementarlos. Mientras Vivienda Sin Cuota Inicial estaría dirigida a hogares con ingresos entre cero y dos salarios mínimos, otros programas continuarían enfocados en familias con mayores ingresos.
Según Semana, la combinación de ambas estrategias permitiría una cobertura potencial de 730.000 familias durante cuatro años, con el objetivo de reducir la brecha de acceso a vivienda formal.
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La iniciativa será presentada al Gobierno entrante y al ministro designado del sector para su evaluación técnica como una alternativa dentro de la política pública de vivienda del país.