Gustavo Petro insistió en que hubo fraude en la elección de Abelardo de la Espriella, a 12 días para la posesión: estas serían sus “pruebas”

A 12 días de lo que debe ser la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el mandatario saliente, Gustavo Petro, volvió a insistir en que la segunda vuelta, efectuada el pasado 21 de junio, debe someterse a una revisión independiente. En una misiva publicada el domingo 26 de julio por su despacho, el jefe de Estado reiteró los presuntos hallazgos del colectivo Testigos Digitales, que lidera este asunto.

Según el pronunciamiento, con base en los estudios hechos por este grupo y al margen de las autoridades electorales, se habrían reportado una serie de anomalías estadísticas y fallas de trazabilidad en los documentos de los comicios; en los que el candidato de derecha se impuso por una ventaja del 0,96% con respecto al candidato apoyado por el presidente Petro, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

De acuerdo con este análisis forense, se identificaron 14.400 mesas con comportamientos atípicos, en un margen que supera la diferencia oficial con el que se definió la elección en favor del autodenominado “Tigre”. El documento también agregó que hubo inconsistencias en censos electorales que, según sus autores, exceden la población estimada en algunos casos; por lo que la contienda debería ser declarada nula.

Petro ya había dicho en su cuenta de X que las pruebas del supuesto fraude ya estaban “judicializadas” y remitió a una página web, en la que se presentó un compendio de lo que habría sido la revisión de 700.000 documentos. De acuerdo con dicho registro, se precisó que el 97,4% carecía de metadatos, mientras ninguno tendría firma criptográfica; un punto que daría cuenta de la falta de atributos de autenticidad e integridad.

Análisis forense de Testigos Digitales habría identificado presuntas anomalías en la segunda vuelta

De acuerdo con la denuncia, se relacionó un examen estadístico de 122.017 mesas de votación, un peritaje sobre los formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y una demanda de nulidad electoral ya radicada ante el Consejo de Estado. Con ello se pretendería demostrar un conjunto de fallas que comprometerían la legalidad de la elección de De la Espriella como el presidente.

Y, en consecuencia, la imposibilidad de verificar de manera independiente los resultados. Según se señaló, el estudio fue elaborado por un equipo integrado por ingenieros, estadísticos y abogados y las conclusiones, “consideradas en conjunto”, justifican la “realización de una auditoría independiente sobre la segunda vuelta presidencial” con el fin de que esta delicada denuncia se contraste por las autoridades judiciales.

En este mismo orden, se encontraron “otros patrones territoriales y demográficos” que, desde un punto de vista técnico, requieren –de acuerdo con la denuncia- una revisión documental exhaustiva. Y es que el colectivo que el presidente apoya sostuvo que su revisión abarcó la totalidad de las mesas reportadas oficialmente y es por ello que defendió la necesidad de que se haga un análisis de este balance.

La denuncia también se apoyó en una comparación entre los formularios E-14 publicados en las presidenciales de 2022 y los utilizados en 2026. Según el comunicado, los documentos más recientes muestran una ausencia de trazabilidad, pues incluye ausencia de metadatos, huellas digitales, hashes de seguridad y rutas de publicación; lo que dificulta la verificación independiente de la cadena de custodia.

En la cronología difundida en el portal referido por Petro, el grupo agregó una secuencia más amplia, pues afirmó que en 2022 los documentos electorales contaban con mecanismos de seguridad digital activos y que en 2023 esos elementos fueron eliminados; siendo esta una modificación que abrió una “asimetría de información” para el ciudadano que intentara indagar por vías formales de los resultados de la elección.

Demanda de nulidad ante el Consejo de Estado pide revisión de formularios

En la misiva se indicó que se radicó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado por presuntas vulneraciones a los principios de publicidad, verificabilidad, autenticidad e integridad documental del proceso. Esa acción solicitaría, además, una inspección judicial de los sistemas utilizados por la autoridad electoral, además de la exhibición de registros técnicos y una revisión integral de los formularios E-14, E-24 y E-26.

Si la verificabilidad de ciertas mesas resultara comprometida, también se pediría un nuevo escrutinio sobre esos puntos. “La confianza ciudadana no se fortalece ignorando las inquietudes técnicas ni descalificando el control ciudadano”, expresó la presidencia, en relación con el propósito de los autores, que aseguran que su propósito “no es reemplazar la decisión de los jueces”, sino contribuir al esclarecimiento de los hechos.