La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra la exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, y su hermana, Verónica, por supuestos acuerdos de sobornos con empresarios interesados en contratos estatales.
El caso, divulgado por la revista Semana, se apoya en testimonios, audios y registros bancarios que, según el reporte, evidenciarían pagos a cambio de gestiones en los ministerios de Vivienda y del Interior.
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En medio de este proceso, figuras y simpatizantes del sector progresista expresaron su rechazo. El anuncio del ente investigador provocó reacciones inmediatas entre quienes apoyan la gestión del actual Gobierno, sugiriendo distanciamiento y autocrítica ante los hechos.
La actriz Diana Ángel decidió compartir en X las opiniones de terceros sobre el escándalo, sumándose a quienes exigieron explicaciones y condenaron cualquier irregularidad. Sin expresar su postura de forma directa, Ángel amplificó los mensajes de otros referentes del progresismo, entre quienes destacó la exfuncionaria María Antonia Pardo.
“Duele profundamente que, por personajes como Juliana Guerrero, termine manchándose un gobierno que hizo tanto por la población más vulnerable de este país”, escribió Pardo, marcando distancia con la implicada y advirtiendo sobre el impacto reputacional para el proyecto político.
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La expareja de Agmeth Escaf añadió que la narrativa que presenta al actual gobierno como “el periodo más corrupto de nuestra historia” está lejos de la realidad, pero reconoció el daño que generan estos casos.
La exrepresentante también planteó dudas sobre la trayectoria y el papel de Juliana Guerrero: “Desconozco el origen de esta señora, cómo llegó a ocupar una posición de poder, quién la llevó a este proyecto o en qué consistía realmente su relevancia.” Fue así como destacó que nunca la había visto en campaña ni la identificó como parte del grupo que impulsó la llegada al poder.
Pardo insistió en la necesidad de la autocrítica para evitar que situaciones similares se repitan: “Precisamente por eso, la autocrítica es indispensable. Quienes trabajamos y creemos en este proyecto tenemos la responsabilidad de alzar la voz cuando aparecen casos como este.” Consideró que el silencio solo beneficia “a quienes quieren reducir toda una gestión a las actuaciones de unos pocos”.
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Defensa y respuesta pública de Juliana Guerrero
Ante la gravedad de los señalamientos, la firma Alzate Hernández, representante legal de Juliana Guerrero, emitió un comunicado rechazando “categóricamente las acusaciones que la relacionan con presuntas actividades ilícitas”.
En el documento, se afirma que “Guerrero no habría participado en reuniones, pagos o gestiones fuera de la ley ante ministerios o entidades oficiales”.
La defensa enfatizó que “no existen pruebas que confirmen tales conductas”, en respuesta directa a la publicación de Semana, que incluyó grabaciones y documentos donde se vincula a las hermanas Guerrero con solicitudes de dinero a contratistas.
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En un mensaje difundido por sus abogados, Juliana Guerrero explicó la razón de su silencio hasta el momento: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.
La abogada agregó que esta postura cambia ante la interpretación pública de su silencio: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.
Detalles de la investigación
Según la investigación, las actividades bajo sospecha se desarrollaron entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre las pruebas más contundentes destaca una tabla de tarifas: se habría cobrado un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y el 10% del valor de los proyectos adjudicados como parte del presunto esquema.
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Las pesquisas sugieren que Juliana Guerrero habría operado como nexo entre empresarios y funcionarios públicos. Paralelamente, Verónica Guerrero, junto a David Trespalacios —allegado familiar—, mantenía contacto directo con los empresarios y sería quien canalizaba los recursos financieros obtenidos.
Tres personas vinculadas al caso accedieron a relatar su versión a la revista. Entre ellos, dos empresarios expusieron que recibieron propuestas para participar en proyectos de cámaras de seguridad, obras de acueducto en Cesar y programas de vivienda, así como la oportunidad de reunirse con autoridades locales.
Uno de los denunciantes, bajo anonimato, detalló: “se acordó que les daríamos $35 millones por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Esta declaración pone en evidencia la existencia de acuerdos económicos ligados directamente a la asignación de contratos públicos.
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En el caso del acueducto de Cesar, los documentos muestran a Verónica Guerrero coordinando con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Se presentaron boletos aéreos que respaldan el viaje de Verónica a Aguachica en diciembre de 2024, así como la posterior gestión en Bogotá.
Las conversaciones obtenidas por Semana incluyen un mensaje de Verónica en WhatsApp en el que afirma: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Tras ese intercambio, se concretó el pago inicial que da pie a la investigación formal.
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